La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha informado de que la Generalitat ha destinado 3,5 millones de euros para la acogida y atención integral de personas desplazadas de Ucrania en albergues del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ).
Así lo ha explicado la vicepresidenta tras la reunión semanal de la comisión Mixta de Atención y Acogida a Personas Refugiadas y Desplazadas convocada para valorar la situación actual de la crisis humanitaria en Ucrania y hacer un seguimiento de las acciones puestas en marcha por parte de las distintas administraciones que están dando respuesta a la llegada a la Comunitat Valenciana de personas refugiadas.
La vicepresidenta ha señalado que se ha resuelto financiar la contratación de emergencia del servicio de acogida de las personas que no disponen de recursos de alojamiento y que, de forma temporal, serán atendidas en los albergues del IVAJ habilitados para ello. La gestión de este servicio de alojamiento, manutención y acompañamiento se realizará por parte de las ONG con las que se ha contratado el servicio.
Oltra ha destacado también que la Comunitat Valenciana ha escolarizado en este momento al 40% de niños, niñas y adolescentes que han llegado a España, «lo que supone cerca de 2.000 alumnos y alumnas de Ucrania que ya se han escolarizado en aulas de colegios e institutos de nuestra comunidad». En aquellos lugares donde es necesario, ha señalado, se han habilitado más unidades educativas.
Asimismo, en estos momentos ya se han tramitado un total de 13.066 tarjetas SIP a personas procedentes de Ucrania, a las que también se está facilitando el acceso a completar las pautas de vacunación COVID-19 de acuerdo a su edad y condición clínica. Este dato, ha indicado Oltra, da una idea de la «dimensión» de las personas que han llegado a la Comunitat Valenciana.
Oltra ha recordado que se trata de una primera acogida que es una competencia «del Gobierno de España», y donde la Generalitat hace de apoyo y se encarga de las competencias autonómicas, como las relacionadas con «educación, sanidad o servicios sociales», además de informar, asesorar y acompañar en el proceso de solicitud del estatus de persona refugiada, que también tramita el Ejecutivo central.
