La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha informado que el Pleno ha aprobado este viernes el nuevo Reglamento de Vivienda de Protección Pública y el régimen jurídico del patrimonio público de vivienda y suelo con el que se pretende “garantizar el derecho a una vivienda digna a los valencianos y valencianas, haciendo frente a la persistente escasez de vivienda asequible y a los efectos que la inflación y la subida de los tipos de interés están teniendo en el sector inmobiliario”.
“Para ello -ha destacado- se otorga carácter permanente a la calificación de las viviendas de protección pública, tratando así de frenar así la especulación inmobiliaria y la desaparición gradual de la vivienda de protección oficial”.
Mas ha explicado que en el nuevo reglamento se permite el acceso a la propiedad de viviendas de protección oficial a personas jurídicas, “pero siempre que el destino final sea el arrendamiento o la cesión de uso a personas físicas que cumplan los requisitos para acceder a este tipo de vivienda”.
La vicepresidenta ha señalado que el decreto prevé la posibilidad que la Generalitat “se reserve, por motivos sociales, la adquisición de un porcentaje de viviendas de protección pública en las promociones privadas de nueva construcción en áreas de necesidad de vivienda o en municipios con riesgo de despoblación, que podrá llegar al 100 %”.
“Estas viviendas tendrán que ofrecerse en régimen de alquiler o cesión de uso a los colectivos más vulnerables, garantizando así el incremento y la consolidación del parque público de viviendas de protección oficial, y haciendo frente a la emergencia residencial”, ha señalado.
Asimismo, ha informado que se establece una reserva del 40 % de la oferta de vivienda de promoción pública para personas jóvenes.
Precios máximos de venta y alquiler
Por otra parte, el nuevo reglamento fija los precios máximos de venta, que, en este momento, será de 2.200 euros por metro cuadrado, “aunque podrá ser modificado en función de las vacaciones en los costes del material, y no excederá nunca el precio de mercado de la vivienda libre de obra nueva”.
Por su parte, el precio máximo del alquiler, incluidos los gastos de comunidad ordinarios, “se establecen diferentes tramos en función de los ingresos de las personas que integran la unidad de convivencia, adaptándose a las posibilidades reales de cada familia, usando como referencia el IPREM”.
“De esta forma, -ha explicado la vicepresidenta- por ejemplo a un hogar con una unidad familiar que ingrese 1.600 euros mensuales no se le podrá exigir más de 400 euros mensuales de alquiler para una vivienda tipo de 70 metros cuadrados”.
El objetivo del Reglamento de Vivienda de Protección Pública (VPP) su objetivo es la simplificación normativa vigente hasta ahora en un único documento que regula tanto la promoción privada como la pública, además de la gestión del patrimonio público de viviendas y suelo de la Generalitat.
Asimismo, la nueva norma busca hacer frente a la persistente escasez de oferta de vivienda asequible en la Comunitat Valenciana y frenar los efectos que la inflación y la subida de los tipos de interés están teniendo en el sector inmobiliario de la Comunitat Valenciana, además de los producidos por el conflicto bélico de Ucrania, que ha provocado el aumento del precio de los costes de material.
Además, el procedimiento regula la distinción entre la promoción pública y la promoción privada y sistematiza cada uno de los regímenes a lo largo de la norma.
El nuevo reglamento se divide en siete títulos (título preliminar y seis títulos más), once disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una derogativa y una final.
