El juzgado de Primera Instancia número 5 de València ha aplazado el desahucio previsto para este martes de una vivienda okupada por dos chicas en el número 2 de la calle Caixers de València, cerca de la Lonja y el Mercado Central. El pasado 11 de abril este juzgado ya ordenó paralizar el desahucio del inmueble, ordenado para ese día y lo aplazó para este 14 de mayo, aunque finalmente también se ha suspendido a última hora.
Antes de llegar la orden de paralización desde el juzgado, agentes de la Policía Nacional se habían desplazado hasta esta calle del distrito de Ciutat Vella para dar cumplimiento al mandato judicial. Durante la actuación, los efectivos han identificado a 18 personas y ha levantado 17 actas por desobediencia a agente de la autoridad, según han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior.
El desahucio estaba previsto en la puerta 2 del edificio, un inmueble de seis viviendas adquirido por un “fondo buitre”, según ha indicado a Europa Press el portavoz de las vecinas de Caixers 2, Esteban Arellano. Así, ha detallado que en el edificio residen actualmente una inquilina con contrato de renta antigua, una familia “relacionada” con la empresa propietaria y otras personas que okupan los cuatro pisos restantes.
Arellano ha expuesto que las de estas casas “no son okupaciones habitacionales sino políticas, como un símbolo de resistencia a los fondos buitre” y de “denuncia al proceso de turistificación y gentrificación” que estos suponen. “Están expulsando a los vecinos y turistificando el barrio del Carmen”, ha apuntado. El pasado 11 de abril activistas organizaron una performance, desplegaron un títere gigante y bautizaron a una mascota para impedir el desahucio del mismo piso.
El portavoz ha explicado que vecinos y colectivos de apoyo han montado sobre las 5.30 horas en el portal parte de las estancias de una vivienda para “escenificar” el desalojo de una casa. Algunas de las personas participantes en el montaje se han atado con bridas a los muebles simulados, como muestra de “resistencia pacífica y pasiva” ante la entrada prevista para efectuar el desahucio.
Informe de vulnerabilidad
Arellano ha denunciado, además de las identificaciones, “agresiones” de la Policía durante el desalojo, una orden que afectaba a las dos chicas que okupan uno de los pisos y que “han presentado informe de vulnerabilidad en el juzgado” y una de ellas “justificante de que no puede trabajar por baja laboral”.
El portavoz ha detallado que este lunes se trasladó de nuevo al juzgado ese informe de vulnerabilidad y ha asegurado que a las 9.30 horas el juez ha parado el desahucio “para estudiar mejor el caso”.
Según ha sostenido, aunque estaba previsto para la puerta 2, por su ubicación se consideraba que también “había riesgo” para el espacio comunitario Ca la Caixeta, situado en la parte inferior.
“Tanto el centro social como las viviendas que forman parte de este edificio emblemático han estado presentes en las dinámicas de expulsión, mobbing y especulación urbanísticas” que aseguran que lleva a cabo desde 2019 cuando la empresa adquirió el inmueble, señala el colectivo Caixers 2, que añade que “a pesar de no haber podido evitar las expulsiones, las protestas sociales paralizaron la conversión del edificio en apartamentos turísticos de lujo, como el fondo buitre pretende”.
