El Ayuntamiento de València iniciará “acciones judiciales” contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por los “incumplimientos” del Plan Hidrológico del Júcar con respecto al aporte de agua al lago de l’Albufera, en la campaña 2023-24.
Juan Carlos Caballero, portavoz del Ayuntamiento de València, ha explicado en rueda de prensa que la Junta de Gobierno municipal de este viernes ha acordado el encargo a la asesoría jurídica del Consistorio del inicio de las acciones necesarias por “los compromisos incumplidos y el traspaso de plazos” para el aporte del caudal ecológico que requiere el lago del Parque Natural de la Albufera. “Vamos a exigir al Gobierno de España que cumpla con el acuerdo”, ha subrayado Caballero.
En concreto, el Ayuntamiento presentará en el plazo de dos meses una nueva reclamación por la la vía contencioso-administrativa. El pasado mes de mayo, ya envió un escrito con un requerimiento previo al Ministerio para solicitar el aporte del caudal, que asciende a un total de 50 hectómetros cúbicos (hm3). El Gobierno respondió que ya se han aportado, en diferente momentos, un total de 52 hm3, pero el Ayuntamiento asegura no haber tenido conocimiento de esos aportes y que el Ministerio para la Transición Ecológica “admite que dichos aportes han llegado al parque de la Albufera, pero no al lago” y “no acredita el cumplimiento” del artículo 13 del Plan Hidrológico del Júcar.
Edificios de la Copa América de Vela
Entre otros acuerdos de la Junta de Gobierno, el portavoz municipal ha anunciado que el Ayuntamiento recuperará la gestión de los edificios cedidos al Consorcio 2027 con motivo de la celebración de la Copa América de Vela en aguas de la ciudad. Así, el Consistorio volverá a gestionar el Tinglado número 2, el edifico Veles e Vents, su aparcamiento, las bases utilizadas por cinco equipos en la 32.ª edición del evento náutico y el edifico llamado Caseta de la Guardia Civil.
Por este mismo motivo, el Ayuntamiento se subroga todas las obligaciones y asume los contratos suscritos por el Consorcio en relación a estos inmuebles.
Además, la empresa pública municipal AUMSA ha recibido el encargo para elaborar un catálogo de edificios construidos en el siglo XX para, en su caso, su protección. Se trata de completar el listado de construcciones de estilos como el Art Decó, el neobarroco y el brutalismo y, de este modo, dar valor a la “riqueza arquitectónica” y patrimonial de la ciudad. En este proyecto queda excluido el distrito de Ciutat Vella, “que ya tiene su plan de protección especial”.
Entre otros edificios, el estudio afectará a la Casa Judía de Josep Guardiola, el antiguo Cine Capitol, la sede del Banco de València de Javier Goerlich, la Finca de Hierro, Espai Verd, el Palau de Congresos de Norman Foster y el Veles e Vents, de David Chipperfield.
Otros acuerdos de la Junta de Gobierno
El Ayuntamiento también ha aprobado en Junta de Gobierno la rehabilitación del mercado de Benicalap para convertirlo en un nuevo centro de servicios sociales. Con una inversión de casi 875.000 euros, atenderá a una población de 40.000 personas, “que tenían que desplazarse a Campanar”, donde se ubica el centro más cercano.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha adjudicado la construcción de más de 800 nichos y columbarios en el Cementerio General, con un inversión de 526.667,07 euros. Así, el campo santo contará con 75 nuevos nichos adosados a muro, 440 columbarios y 300 nichos sencillos a dos caras
Juan Carlos Caballero, en otro orden de cosas, ha explicado que la exclusión de los poblados marítimos de la zona de bajas emisiones responde a los requisitos del Gobierno central de delimitar las áreas bien diferenciadas y perimetradas, alrededor de grandes avenidas, y que permitan a los vehículos seguir circulando sin entrar en ellas. Además, ha añadido que estos barrios tienen niveles más reducidos de contaminación ambiental que el resto de la ciudad, debido a la entrada de brisas marinas.
Con respecto a la moratoria para la no concesión de nuevas licencias de apartamentos turísticos, el portavoz municipal ha sostenido que la media “aporta mayor seguridad jurídica” a los posibles inversores, ya que regula las actividades permitidas y persigue las prohibidas. “El primer factor para invertir en una ciudad es la seguridad jurídica”, ha argumentado Caballero. “No podemos mirar a otro lado, como el anterior Gobierno” municipal, ha apostillado.
