La Conselleria de Educación cifra en 60 las unidades que están «en revisión» en el arreglo escolar de los centros públicos de Infantil y Primaria de la Comunitat Valenciana.
Según afirma el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, la Conselleria de Cultura, Educación, Universidades y Empleo «está recuperando unidades para el próximo curso tras analizar el proceso de admisión del alumnado de la Comunitat Valenciana«.
«En este momento –prosigue– están en revisión únicamente 60 unidades en toda la Comunitat Valenciana respecto al curso que acaba de finalizar. Se trata del mismo número de unidades que eliminó el Gobierno del Botànic el curso 2023-2024, teniendo en cuenta que al ser año de elecciones se autorizaron más unidades de las necesarias y que las circunstancias actuales son diferentes por la bajada de la natalidad».
En la misma línea, el director general de Centros Docentes ha señalado que el proceso de arreglo escolar «está vivo y en continua revisión». «Los datos no son los mismos ahora que hace unos meses y posiblemente esa reducción de unidades todavía cambiará de cara al inicio de curso, en tanto que hay que tener en cuenta los datos reales de matrícula y las necesidades de cada centro«, ha remarcado.
Por último, Jorge Cabo ha destacado que las aulas específicas para atender a alumnado con necesidades especiales «van a aumentar considerablemente el próximo curso«.
Sin embargo, desde la Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya -integrada por FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-València y FAMPA Enric Valor Alicante- califican de «vergüenza y un ataque al sistema educativo público valenciano, la eliminación de aulas de Infantil y Primaria en los centros educativos públicos«.
«Mientras la Conselleria de Educación recorta la pública, consolida, mantiene y amplía en una aula los centros concertados que no pierden ninguna unidad», lamenta en un comunicado, que cifra la supresión de aulas en 206, una cantidad que la Conselleria asegura que es «falsa».
«Los recortes y la eliminación de unidades se saldan en la pública, sin afectar a la concertada y esto provoca directamente, que el número de alumnos en las aulas públicas se incrementen, cosa que perjudica la atención a la diversidad del alumnado y las medidas de respuesta educativa», ha expresado el presidente de la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, quien añade que la admisión escolar está abierta hasta el 30 de septiembre y eliminar aulas «puede provocar una saturación sobre las aulas existentes».
LEY ORGÁNICA EDUCACIÓN
Sobre este saldo negativo en las aulas públicas, la confederación vuelve a pedir en el gobierno del Estado que «regule, vía la ley orgánica de educación (LOMLOE) la revisión anual de los conciertos educativos para evitar que los gobiernos autonómicos como el nuestro, que desprotegen la pública, cierren aulas públicas y atenten contra el servicio público de la educación».
«Renovar los conciertos cada seis y cuatro años no es ajustarse a las necesidades de plazas escolares ni a las fluctuaciones demográficas«, señalan. Y, en este punto, piden que se eliminen las prórrogas de los conciertos educativos, y que el sistema de renovación se realice anualmente como ocurre en la pública y, en caso de ser necesario cerrar aulas, la opción del ajuste a la pública sea siempre la última.
