La empresa Costa de Azahar Mesnet SL, adjudicataria de la prestación del servicio de limpieza de los lotes 1, 6 y 7 en colegios de Alicante y Valencia –un total de 70 centros– y de la que el PSPV ha denunciado impagos de salarios al personal, ha asegurado que lleva informando desde febrero de 2023 a la Conselleria de Educación de pérdidas en sus balances, que atribuye a un aumento del 17 por ciento en los costes laborales por la subida del Salario Mínimo Interprofesional y del IPC en los convenios, sin que haya conseguido de la administración una revisión al alza de los contratos.
Así lo ha señalado en un comunicado tras la denuncia pública de los socialistas, que han exigido al Consell que asegure los salarios “impagados” del personal de limpieza de los 70 centros antes de que inicie el curso escolar y que garantice el servicio en todas las instalaciones afectadas.
Según el PSPV, casi 300 trabajadores no han cobrado el 70% de la nómina del mes de junio, tampoco la paga extra o la liquidación correspondiente al personal fijo discontinuo, que representa en torno al 90% de la plantilla.
Por su parte, la Conselleria de Educación ha asegurado estar “al día” en los pagos a las empresas de limpieza que prestan servicio en colegios e institutos, si bien reconoce que “en estos momentos hay una situación puntual” con esta adjudicataria –en un contrato licitado por el Gobierno del Botànic, añade–, una situación que es ajena a este departamento porque es la empresa “la que tiene la responsabilidad de abonar las nóminas a sus trabajadores, así como los costes de Seguridad Social”.
Sin embargo, desde la compañía, que han pedido la rescisión del contrato este mismo mes, afirman que han hecho “todo lo que estaba en nuestra mano” en esta situación y afirman que llevan casi un año “esperando respuesta para encontrar una solución con la Conselleria”. El director general del grupo, Ramón Muñiz, que subraya que esta es la única empresa valenciana del sector, con más de 700 empleados, lamenta que todavía no han podido “sentarse” con el conseller, José Antonio Rovira.
Una gestión ‘inviable’
En esta línea, ha apuntado que llevan desde febrero de 2023 informando y alertando a la Conselleria que la gestión del servicio resultaba “inviable” por las pérdidas en los balances y pidiendo encontrar una solución.
La empresa, que suscribió en julio de 2022 el contrato con la administración, con plazo de tres años prorrogables por dos más, afirma que soporta un “aumento considerable” de los costes laborales que, en la actualidad, le han colocado en una situación económica “insostenible”.
Según señala en el comunicado, esta situación se produce por las subidas del SMI acordadas por el Gobierno que han tenido como consecuencia directa un aumento tanto de los costes laborales como de las propias cláusulas de los convenios colectivos, negociados a posteriori y “muy por encima de las estimaciones reflejadas en los propios pliegos de la licitación”.
Por otro lado, añade el “elevado incremento” del IPC, que ha incidido directamente en los convenios colectivos de Alicante y Valencia con subidas “muy por encima de lo estimado en los pliegos por parte de la Administración”. “Todo ello ha supuesto un aumento de los costes en un 17% aproximadamente sin que, a pesar de ello, hayamos conseguido una revisión al alza de los contratos”, expone.
En este sentido, añade que, según figuraba en el pliego, la previsión de los técnicos de la Conselleria era “un beneficio industrial del contrato de un 6% como máximo, con lo que el desfase resulta insoportable para nuestras finanzas” y recalca que sufren un “sobresfuerzo económico” que ha dejado “sin margen” a su tesorería.
Rescisión del contrato
A ello suma el retraso en el cobro de algunas facturas de la Administración, “que no ha hecho más que empeorar la situación”, según ha denuncia la firma, con sede en Godella. “Como consecuencia de todos estos factores nos ha sido imposible abonar el pago total de las nóminas de este mes de junio, cuando nunca hemos faltado a nuestros compromisos de pago tanto con nuestra plantilla, como con proveedores, impuestos y Seguridad Social”, explica.
La firma ha señalado que en julio pidió reunirse con los grupos parlamentarios para trasladarles la “gravedad” de la situación –y señalan que solo contestó Vox– y este agosto, tras mantener diversas comunicaciones y reuniones con representantes de la Conselleria, pidieron la rescisión del contrato “para evitar mayores perjuicios para el servicio y a los trabajadores” ante “la imposibilidad de seguir haciendo frente al mismo”, así como una reunión “urgente” con el conceller de Educación para poder resolver el asunto, que considera que se ha convertido en un “problema social”.
