La Diputación de Valencia debatirá el próximo lunes en el pleno de septiembre una moción contra la nueva tasa de residuos del Gobierno de España presentada por la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, a través del grupo Ens Uneix.
El texto insta al Gobierno a no obligar a los ayuntamientos a incrementar la tasa de recogida de residuos, así como a “escuchar la voz del municipalismo, que se opone a repercutir la totalidad del coste del servicio en la ciudadanía”.
El texto cuestiona el tributo estatal que debe financiar el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, repercutiendo el cien por cien del coste a los vecinos. Los ayuntamientos que no apliquen esta tasa tendrán que hacerlo de forma obligatoria, según ha advertido la institución provincial en un comunicado.
Según Enguix, “el municipalismo está unido contra esta nueva tasa que pretende incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía, y que en muchos casos duplicará, triplicará y hasta puede cuadruplicar los recibos que actualmente se están pagando”.
La vicepresidenta primera ha considerado “injusto” que no se permita a los municipios que disponen de recursos reducir ese impacto, “como sucede hasta ahora”. “El problema del nuevo tributo afectará especialmente a los municipios pequeños y medianos, que son la mayoría y que pueden verse afectados por subidas desproporcionadas para sus vecinos”, ha añadido.
La nueva tasa, que tiene su origen en una directiva marco europea y que persigue el pago por generación en un futuro, fue anunciada en mayo por el Ejecutivo central y deberá estar aplicada en todos los entes locales antes de abril de 2025.
Enguix ha avisado de que la normativa “aumentará la desigualdad al no basarse en la capacidad económica de las personas contribuyentes, ya que las tasas de la basura se aplican de manera uniforme sin tener en cuenta el consumo, la generación de residuos y la renta de cada familia”.
Además, ha considerado que el nuevo tributo es “un ataque a la autonomía” de la administración local, al “obligar a incrementar el pago incluso en los ayuntamientos saneados que pueden hacer frente al déficit que genera el servicio“.
