El Pleno del Consell ha aprobado este viernes el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para 2023, la conocida como Ley de Acompañamiento, que “amplía beneficios para las familias y los sectores productivos”.
Al respecto, la portavoz del Consell, Ruth Merino, ha destacado en rueda de prensa que esta norma recoge “todas las medidas fiscales que ya anunció el president Mazón”, y ahora se presentará al Consell Jurídic Consultiu para que emita el dictamen preceptivo. Posteriormente será remitido a Les Corts una vez sea aprobada por el Gobierno valenciano como proyecto de Ley.
Así, ha resaltado que la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, que salió a exposición pública el pasado 27 de septiembre, permite “duplicar y hasta triplicar las deducciones fiscales previstas en el tramo autonómico del IRPF por nacimientos, adopciones y acogimiento familiar al elevar la cuantía en función de las cargas familiares“.
En su conjunto, el paquete de medidas fiscales “destinado a favorecer a rentas medias y bajas, beneficiará a unas 41.900 personas con un ahorro global de 10 millones para límites de renta de 30.000 euros anuales en las declaraciones individuales y de 47.000 euros en las conjuntas”.
En concreto, los actuales importes de la deducción por nacimiento o adopción pasarán de los 300 a 600 euros si se trata del primer hijo o hija; 750 euros, en el caso del segundo, y 900 euros, en el supuesto del tercero y sucesivos. La ampliación de los importes supondrá un ahorro de 9,73 millones y se estima que pueda beneficiar a 40.000 personas.
Asimismo, estas mejoras se trasladarán a la deducción por acogimiento familiar, cualquiera que sea su régimen. En este caso, se estima que se beneficien de la medida casi 1.300 contribuyentes con un ahorro de unos 216.300 euros.
Además, las familias acogedoras también disfrutarán de otras deducciones del tramo autonómico del IRPF que hasta ahora estaban limitadas a otras modalidades de familia. En este caso, el impacto estimado es de 48.423 euros para alrededor 600 contribuyentes.
SUPRESIÓN DEL PAGO DE TASAS PORTUARIAS EN LA PESCA
Por otra parte, el Consell eliminará dos tasas portuarias que gravan al sector pesquero, lo que calcula que se benefician 15 cofradías con un total de 377 buques de pesca con base en los puertos de la Generalitat, con un impacto económico de casi 824.000 euros.
Además, también se incluye una rebaja fiscal del 60% para las adquisiciones de parcelas con vocación agraria efectuadas por titulares de una explotación agrícola registrada que no cumplan los requisitos para ser consideradas personas agricultoras profesionales.
Para ello, se reduce del 10% al 4% el tipo que grava estas operaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para “fomentar el relevo generacional, la incorporación de nuevas personas a la agricultura y la competitividad”. Se prevé que esta medida tenga un impacto económico de 2,6 millones de euros.
Además, los proyectos de interés autonómico (PIA) definidos por el nuevo Decreto Ley de Simplificación Administrativa tendrán una bonificación específica del 50% del impuesto correspondiente a los actos jurídicos documentados, entre otras medidas de estímulo, para reforzar la atracción de grandes inversiones. Por otro lado, se mantiene en 2025 la congelación del canon del agua vigente en 2024. El número de personas abonadas está en torno a los tres millones.
IMPULSO A LA CREACIÓN DE PLAZAS RESIDENCIALES MUNICIPALES
Por otra parte, se modifica la Ley 3/2019, de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana para dar “un paso más en la mejora continua” de los propios servicios sociales “al introducir la posibilidad de que las entidades locales puedan proveer y gestionar los servicios sociales de atención secundaria, siempre que esté asegurada la coordinación con el Ejecutivo autonómico para garantizar la correcta y eficaz prestación de los servicios”, señala.
De esta forma, “se elimina la imposibilidad material de gestión, favoreciendo así la creación de plazas residenciales de titularidad municipal y la descentralización del servicio, con el impacto directo que esto tiene en la reducción de las listas de espera y en que las personas no se tengan que alejar de su entorno por no tener recursos de atención secundaria en su municipio”.
Asimismo, se incorpora una modificación en la Ley de la Renta Valenciana de Inclusión para ampliar la forma de abono de la prestación económica, de forma que además de realizarse a través de ingreso en cuenta, también se pueda hacer a través de medios prepago, con lo que “se ofrece cobertura a personas vulnerables que, a día de hoy, sufren la brecha financiera”, destacan.
Por otro lado, se realizan diversas modificaciones en la Ley de Espectáculos Públicos. Entre ellas, se obligará a la devolución del importe de las entradas ante la suspensión de un espectáculo (festival) sin causa justificada.
En el ámbito sanitario se crear un nuevo cuerpo de Administración Especial de Tecnología Sanitaria dentro del grupo profesional A1, en el que se incluiría un total de cinco escalas: Científico de datos, Ingeniería de organización, Biotecnólogo, Ingeniería Biomédica e Ingeniería Informática.
MEJORAS EN ESTRUCTURAS AGRARIAS Y LA CADENA ALIMENTARIA
Además de las medidas de carácter tributario para ayudar al sector agrario, se modifica la Ley de Estructuras Agrarias para “facilitar los procesos que conlleven una mejora en las estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana”. Así, se abre la posibilidad de que los proyectos de reestructuración parcelaria sean iniciados también por entidades locales o por corporaciones de derecho público (comunidades de regantes) y no solo por propietarios de las parcelas, que es lo que indica el actual articulado.
Entre otras novedades, también se modifica la regulación de la cadena alimentaria relacionada de modo que la persona competente de la Dirección General con funciones en la cadena alimentaria pueda incoar expedientes sancionadores y designar al funcionariado instructor.
En el área de Medio Ambiente, se efectúa un cambio de la Ley de la Huerta de València para eliminar el plazo que se impuso para desarrollar enclaves de recuperación de la huerta al considerar que “la ley no ha cumplido los objetivos marcados, ya que los ayuntamientos tan solo han presentado tres propuestas que no han prosperado”. La modificación suprime así los plazos de que disponían los ayuntamientos, de forma que se permite que se presenten nuevas propuestas para instar la declaración de enclaves de recuperación de la huerta, así como que las que se presentaron fuera de plazo puedan prosperar.
Dentro del área de Innovación, Industria y Comercio, se realizan cambios en la Ley para crear la Agencia Valenciana de la Innovación y se da el primer paso para la integración del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace) y la antigua Agencia Valenciana de la Innovación (AVI).
De este modo, Ivace+i Industria tendrá las competencias en industria, emprendimiento, internacionalización y energía e Ivace+i Innovación asume todas las competencias de innovación. Desde inicio de legislatura se cifra en 500.000 euros al año el ahorro que se consigue con una reestructuración que suprime argos intermedios.
También se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras para incrementar las sanciones hasta un millón de euros para productos que no cubran las garantías mínimas de seguridad y se introducen cambios en la Ley de las Áreas Industriales para simplificar la constitución de las entidades de gestión y modernización.
