Desde enero de 2018 hasta octubre de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependientes del Gobierno central de Pedro Sánchez, no invirtieron ni un solo euro en obras destinadas a la prevención y mitigación de inundaciones en la Comunitat Valenciana, especialmente en zonas afectadas por graves inundaciones recientes, como el barranco del Poyo y La Saleta.
Ni una inversión preventiva desde 2018
Pese a las reiteradas advertencias y las históricas riadas, la CHJ no asignó fondos específicos a obras de encauzamiento, acondicionamiento o sistemas de alerta temprana que podrían haber minimizado los efectos de la devastadora DANA ocurrida el pasado 29 de octubre de 2024. Solo tras este evento trágico se comenzaron a realizar inversiones, exclusivamente para reparar daños ya ocasionados.
Los informes de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana confirman que, aunque el Gobierno central licitó obras por 378,6 millones de euros entre 2018 y octubre de 2024 en la región, únicamente 37,2 millones fueron gestionados por la CHJ y ninguno de ellos se destinó a infraestructuras antiriadas.
Prioridades equivocadas: reformas menores antes que seguridad
En contraste con esta falta de inversión en prevención de inundaciones, la CHJ destinó importantes sumas a actuaciones menores. Entre enero y octubre de 2024, justo antes de la catástrofe de octubre, se gastaron fondos en actividades secundarias como la sustitución de luminarias LED en embalses (25.524,96 euros), reparaciones eléctricas menores (48.375,80 euros), y la adecuación de las oficinas de la CHJ en Alicante (346.854,61 euros).
Sin embargo, la partida más llamativa es la inversión de 8,5 millones de euros en mejorar la eficiencia energética del edificio sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar en Valencia, una decisión polémica considerando las necesidades críticas en infraestructuras hidráulicas para la seguridad de los ciudadanos.
Reconocimientos tardíos y fallos legislativos
Cuatro meses después de la trágica riada, la CHJ admitió oficialmente que la Ley de la Huerta impulsada por el anterior Gobierno del Botànic impidió ejecutar obras esenciales en el barranco del Poyo. Documentación enviada a la comisión de investigación de la DANA en el Ayuntamiento de Valencia revela además que en 2021 se paralizaron los proyectos de acondicionamiento de los barrancos del Poyo y La Saleta debido a «falta de disponibilidad presupuestaria», pese a existir fondos posteriormente empleados en reformas secundarias.
Obras de emergencia tras la tragedia
Desde la catástrofe del 29 de octubre, la CHJ invirtió aproximadamente 84 millones de euros en obras de emergencia, pero estos fondos únicamente han servido para reparar infraestructuras hidráulicas dañadas, dejando al descubierto la falta de inversión previa en prevención.
Esta gestión ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre las prioridades del Ejecutivo central, que durante años optó por destinar fondos a obras no prioritarias en lugar de reforzar las infraestructuras necesarias para proteger vidas y bienes ante fenómenos meteorológicos extremos.
