LA UNIÓ Llauradora advierte que cerca del 6% de las parcelas dañadas por la DANA del pasado año en la Comunidad Valenciana han sido incorporadas al Dominio Público Hidráulico (DPH). Esto deja a sus propietarios sin certeza sobre cuándo recibirán las ayudas o si llegarán a cobrarlas. Esto sucede a pesar de haber pasado casi diez meses desde la catástrofe.
La organización reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que aclare la situación, como ya solicitó en junio al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Varias de estas parcelas tenían actividad agrícola consolidada, derechos reconocidos de PAC y autorizaciones de riego. Esto multiplica el impacto económico y jurídico de su inclusión en el DPH.
Reivindicaciones: compensación y garantía de derechos agrarios
LA UNIÓ exige mayor transparencia y actualización de las nuevas delimitaciones del DPH en el visor SIGPAC, para que los agricultores puedan conocer fácilmente la situación legal de sus tierras. Además, pide información individualizada, derecho de consulta y posibilidad de presentar alegaciones.
En materia económica, la organización solicita una compensación proporcional que contemple el valor patrimonial, la pérdida productiva y el perjuicio económico. Reclama conservar los derechos de ayuda directa de la PAC, incluso si las superficies han desaparecido. Esto podría permitir que los derechos se activen en futuras tierras adquiridas o arrendadas. En el caso del viñedo, pide que los derechos de plantación se mantengan y puedan trasladarse a otras parcelas.
Respecto al riego, LA UNIÓ insta a respetar los derechos preexistentes, permitiendo su traspaso a fincas de sustitución. Si existía autorización de pozo individual, se debe conceder una equivalente para la nueva ubicación.
Testimonios de afectados y advertencia sobre la vendimia
Laura Pérez, agricultora de Requena, relata: “a finales de julio todavía me estaban peritando mis 4 hectáreas de viña que desaparecieron con la riada junto al río Magro y que me han incorporado al DPH, así que sigo sin tener mis tierras y sin saber a qué atenerme”.
Luis Javier Navarro, vicesecretario general de LA UNIÓ, apunta que estas parcelas producían uva para cava con alto rendimiento gracias al riego. Por lo tanto, las pérdidas podrían superar los 50.000 euros este año, respecto a la campaña anterior.
También hay agricultores con parcelas fuera del DPH pero aún sin reparar. Antonio García, de Utiel, lamenta que no podrá cosechar porque “pese al compromiso del Gobierno y Tragsa, no me han arreglado las parcelas”.
Navarro insiste en que la nueva situación del DPH debe tratarse con equidad, proporcionalidad y colaboración institucional. Esto es esencial para garantizar los derechos de quienes han desarrollado una actividad agraria legítima. Esta actividad es esencial para el equilibrio rural y ambiental.
