Diez meses después de la riada del 29 de octubre de 2024, el jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, asume errores en la actuación de la agencia y en el engranaje de emergencias. “Tampoco voy a decir que nosotros lo hemos hecho muy bien. En fin, hay que analizar el sistema en conjunto y la realidad es que hubo 228 muertos”, afirma, subrayando que el objetivo estatutario de la institución es “proteger bienes y vidas”, algo que —reconoce— no se cumplió aquel día. “Entonces no podemos estar satisfechos”, remacha.
La autocrítica llega diez meses después y se acompaña de un diagnóstico sobre el aviso a la población. Núñez contrapone la riada de 1957 y la de 2024 para explicar que, aunque hoy existen pronósticos y herramientas avanzadas, la alerta operativa falló: “En 1957 no hubo aviso meteorológico… y en 2024 ocurrió lo contrario, hubo aviso meteorológico, pero no hubo alerta o la alerta llegó muy tardía”. Esa tardanza en activar medidas masivas de protección es, a su juicio, una de las claves que deben revisarse para evitar que un episodio extremo vuelva a traducirse en una catástrofe humana.
Núñez insiste en que el 29-O se trabajó con umbrales y probabilidades —la forma estándar de gestionar el riesgo meteorológico—, pero subraya que nadie podía anticipar el extremo que alcanzó el episodio en puntos concretos: “Evidentemente, yo no sabía que iban a caer 770 litros en Turís y, evidentemente, ni en mis peores sueños me imaginé que iba a haber 220 muertos a causa de esa riada”. Y agrega una imagen potente para ilustrar lo que habría hecho de haber tenido certeza: “me hubiera subido el día 29 a las torres de Serrano gritando que todo el mundo se protegiera, pero yo eso no lo sabía, no sabía lo que iba a ocurrir”. Diez meses después, esas palabras siguen marcando su balance.
Diez meses después: alerta tardía, “factor humano” y confianza ciudadana
El meteorólogo sitúa parte del problema en el modo en que se usaron los sistemas técnicos durante aquella jornada. “Quizás uno de los problemas es que nos hemos fiado mucho de la tecnología y hemos apartado el factor humano. El factor humano sigue siendo muy importante”, explica. La tecnología —modelos, radares y sistemas automáticos— “ayuda”, pero “la decisión final depende todavía de las personas”; por eso, reclama reforzar los protocolos para que, en días de “peligro extraordinario”, se apliquen medidas preventivas intensivas y tempranas sobre la población, aun con el coste de que, a veces, la amenaza no termine materializándose. “Tenemos una herramienta potente, que es la ciencia, y la ciencia nos decía ese día que era un día de peligro extraordinario”.
El responsable de Climatología advierte de que el sistema en su conjunto “se ha visto dañado” y apela a “conseguir que poco a poco los ciudadanos vayan recuperando la confianza” en toda la cadena de emergencias: desde meteorología hasta los técnicos de protección civil, a quienes define como organismos de “mucho prestigio” que han gestionado crisis “con éxito” durante décadas. Su mensaje, diez meses después, no esquiva la responsabilidad institucional, pero enfatiza la necesidad de una revisión integral que corrija las debilidades detectadas.
En el plano técnico, Núñez también introduce un matiz relevante que busca evitar interpretaciones simplistas sobre las causas de las danas. “El que el mar esté más o menos caliente no influye en nada, en que vaya a haber o no vaya a haber gota fría”, sostiene. Sí admite que, si el episodio se desencadena, un mar más cálido aporta más energía disponible y puede intensificar su severidad, como ya se observó el año pasado. El mensaje, de nuevo, llega diez meses después del desastre y pretende focalizar el debate en la preparación y en la gestión del riesgo, no en explicaciones monocausales.
El impacto personal y profesional de aquella jornada también aparece en su relato. Núñez describe “una huella bastante profunda” tras días de trabajo continuado en el centro meteorológico y en reuniones del CECOPI, mientras veía “cómo subía la cifra de fallecidos”. Afirma que, desde el primer momento, no se consideró responsable de la situación generada, aunque ha tenido que “salir a defender” esa posición durante meses, en un contexto de “fuego cruzado político” que, admite, no forma parte de su ámbito natural como técnico. Diez meses después, dice, la cicatriz “siempre va a estar ahí”.
Sobre qué hacer ahora, el jefe de Climatología pide “buscar más coordinación” —“no quiero decir que no la hubiese”, matiza— y activar con mayor contundencia las herramientas de protección cuando los indicadores científicos lo aconsejen. Recuerda, además, que el juzgado de Catarroja analiza lo sucedido y que, aunque su labor es determinar posibles responsabilidades penales, haría falta también profundizar en el análisis técnico para identificar exactamente “qué fue lo que falló” y evitar que se repita. Diez meses después, la prioridad —insiste— es reconstruir la confianza ciudadana con procedimientos más claros, alertas más oportunas y una presencia decisiva del “factor humano” en la toma de decisiones.
Finalmente, Núñez pone en contexto la incertidumbre inherente a la predicción meteorológica y a la gestión del riesgo. Se trabaja con probabilidades y umbrales, nunca con certezas absolutas, de modo que la anticipación exige aceptar falsas alarmas ante escenarios de amenaza alta. Diez meses después, su autocrítica converge en un mismo punto: la necesidad de activar antes y a lo grande, aunque luego la lluvia no alcance los extremos previstos, porque el coste de llegar tarde puede medirse —como en el 29-O— en vidas humanas.
