El pleno del Consell ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a interponer un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto sobre el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas propuesto por el Gobierno, al entender que su aplicación genera «perjuicios irreversibles».
Según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno, junto a esa medida se solicita también la suspensión cautelar de la norma «por vulnerar los derechos de los menores migrantes no acompañados» y al entender la Generalitat que, si se aplica, tensionará «aún más» el sistema de protección valenciano.
Contraria a derecho
El Gobierno valenciano considera que la norma es contraria a derecho y supone una vulneración del interés superior de los menores migrantes no acompañados.
La decisión del Consell «se enmarca en una línea de defensa institucional frente a diversas disposiciones aprobadas por el Gobierno de España en materia migratoria sobre la redistribución de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, que afectan de manera directa a las competencias propias de la Generalitat en materia de asistencia social y protección de la infancia», según la resolución de la que ha dado cuenta Camarero.
La vicepresidenta ha señalado que el Real Decreto 743/2025 introduce «una fórmula unilateral» para calcular la llamada «capacidad ordinaria» del sistema de protección, en base a datos poblacionales y cifras remitidas por la Administración General del Estado «sin tener en cuenta la información enviada por las comunidades autónomas ni haber contado con la aprobación de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia».
Según la aplicación de esta fórmula, a la Comunitat Valenciana «se le asigna una supuesta capacidad de atención para 1.767 menores migrantes no acompañados, cifra que no refleja la capacidad real del sistema, ya tensionado y con problemas de sobreocupación».
Ampliación plazas atención residencial proyecto migratorio
Camarero ha afirmado que, en 2024 las plazas de atención residencial de proyecto migratorio se incrementaron en más del 60 %, hasta llegar a 319, mientras que el sistema general de protección cuenta con un total de 1.720 plazas, «ya insuficientes para cubrir la creciente demanda».
Asimismo ha concretado que la ocupación media del sistema alcanzó el año pasado «el 160 %», y que, en lo que llevamos de 2025, ya han sido atendidos 820 menores migrantes.
El Consell recuerda que la obligación de todas las administraciones es proteger el interés superior del menor, garantizando igualdad de trato y una atención integral, digna y de calidad, y por ello ve «inaceptable que se establezca un reparto unilateral, sin consenso, previsión, ni financiación suficiente, que pueda derivar en discriminación entre sistemas de atención y en un maltrato institucional hacia los menores migrantes no acompañados».
«La Comunitat Valenciana es solidaria pero también responsable con respecto a los menores migrantes no acompañados y a la atención que precisan. Y creemos que este decreto antisolidario rompe el sistema de protección que la Comunitat Valenciana tiene establecido para este colectivo», ha manifestado la vicepresidenta.
Entre otros datos, asegura que el Gobierno computa para la Comunitat 7,4 millones de euros para atender a 571 menores migrantes acompañados a trasladar a esta comunidad, «pero eso supone 75 euros por menor y día, cuando el coste real en nuestro sistema de atención es de 218 euros al día».
«El Gobierno no está asumiendo la financiación de los menores que quiere trasladar a la Comunitat Valenciana, y de ahí este recurso contra un decreto que supone un traslado inadecuada y masivo de estos menores a un sistema ya de pos sí colapsado», ha resumido.
Cartas a los ayuntamientos con datos sobre sus recursos
Preguntada sobre las críticas que ha recibido el Gobierno valenciano por parte de algunos de los ayuntamientos que han recibido una carta de la Generalitat preguntando cuáles son los recursos de los que dispondrían para atender a este tipo de menores, Susana Camarero ha dicho que no entiende el revuelo causado por la misiva, cuando «tan solo se trata de establecer una comunicación y colaboración».
Según la vicepresidenta, el objeto de la polémica es una carta remitida a los ayuntamientos de municipios de más de 10.000 habitantes «solicitando información de los posibles recursos» para atender a estos menores migrantes, pero «no es una obligación sino una vía de comunicación entre administraciones para ver de qué se dispone».
«No todos los ayuntamientos, del PP o del PSPV, han respondido», ha informado, y ha lamentado las críticas de los socialistas, a los que ha acusado de «hacer ideología pero no ofrecer recursos».
