La defensa de Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de Valencia, ha solicitado este martes la nulidad de toda la causa judicial por las supuestas irregularidades en la gestión de este centro sanitario público por considerar que carece de «todo indicio previo de crimininalidad» y tuvo un origen «puramente prospectivo».
«Se admitió una querella política para averiguar algo sin saber lo que se investigaba», ha argumentado esta parte.
El juicio por el supuesto desvío de más de 14 millones de euros del Hospital General de Valencia ha empezado este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia con 11 procesados, entre ellos dos sobrinos del exconseller Rafael Blasco.
Uno de ellos, Sergio Blasco, exgerente del referido centro sanitario público, se enfrenta a una petición de condena por parte de Anticorrupción de 20 años de prisión y una multa de 14 millones de euros por malversación, fraude, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Origen de la causa
El origen de esta causa está en una denuncia presentada por Izquierda Unida en 2014 en la que se destapó una trama de adjudicaciones de contratos públicos en el sector sanitario supuestamente a cambio de comisiones millonarias que habrían permitido al principal acusado, y a varios de sus familiares, disfrutar de viviendas de lujo, vehículos y viajes durante años.
La defensa del principal procesado ha sostenido igualmente que la información relativa a los viajes -de placer y trabajo- realizados por Sergio Blasco vulnera el derecho a la intimidad de su defendido y fue obtenida, también de forma prospectiva, en un registro a un despacho de abogados realizado por la Policía Nacional «sin autorización judicial «en el marco de otra causa», motivo por el cual «carece de efectos probatorios».
«No es aplicable la doctrina de los hallazgos casuales, porque ha de existir autorización judicial previa, por tanto pedimos que esos documentos queden excluidos del procedimiento», ha agregado.
Presentación informe
El letrado de Blasco ha anunciado la presentación de un informe de una catedrática de Derecho Administrativo que, según ha asegurado, avala la legalidad de determinados contratos del Hospital General que están bajo sospecha en esta causa y contradecir un informe de la Intervención de Estado que consta en el proceso.
Por último, ha solicitado al tribunal que exima a Sergio Blasco de la obligatoriedad de estar presente en este juicio, cuya duración se prevé de tres meses, porque dirige un hospital en la República Dominicana.
El resto de las defensas, que han expuesto sus cuestiones previas durante más de tres horas, han seguido la misma estrategia, es decir, la de denunciar una investigación prospectiva y reclamar la nulidad de las actuaciones, por considerar que la denuncia inicial de Esquerra Unida no detallaba comportamientos delictivos y que la Fiscalía «salió de pesca» en busca de indicios.
Otros han advertido sobre la falta de concordancia entre los delitos detallados en el auto de procesamiento y la acusación de la Anticorrupción, motivo por el cual han pedido al tribunal que excluya de la causa esos tipos concretos.
La letrada de una de las acusadas ha recordado que en esta causa se investigó inicialmente al exconseller Rafael Blasco y que, como no fue posible «la caza mayor, la investigación se amplió en círculos concéntricos por relación familiar».
Esta procesada, sin embargo, ha depositado 20.000 euros por si finalmente resulta condenada, para que se le pueda aplicar la atenuante de reparación del daño, y ha solicitado al tribunal declarar en primer lugar -está previsto inicialmente que todos los procesados declaren al final del juicio-, una cuestión a la que la fiscal no se ha opuesto y que finalmente ha sido admitida por la Sala.
El Ministerio Público ha rechazado las peticiones de nulidad formuladas por las defensas y ha defendido la validez de la querella que dio origen a la investigación.
Tras escuchar las diferentes posturas de las partes, el presidente del tribunal ha informado de que se pronunciará sobre las peticiones de nulidad de la causa antes o en el inicio de la próxima sesión, prevista para el próximo martes día 23.
