El Consell Jurídic Consultiu ha estimado parcialmente una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Conselleria de Sanidad y ha dictaminado que procede indemnizar con 34.673 euros a la familia de un hombre que falleció por la infección peritoneal que le causó una sonda gástrica mal colocada.
Los hechos ocurrieron el 17 de enero de 2022, cuando un hombre acudió al servicio de urgencias de un hospital público valenciano porque tenía dificultad para tragar líquidos y sólidos y dolor en la garganta, pero tras hacerle unas pruebas le mandaron a casa porque no se consideraba que tuviese nada grave.
En los días posteriores los dolores empeoraron e ingresó de nuevo en urgencias el 21 de enero. Tres días después se le diagnosticó una neoplasia laríngea y el 14 de febrero se le colocó un sonda de gastronomía percutánea (PEG) y recibió el alta hospitalaria al día siguiente.
Sin embargo, el 15 de febrero el paciente volvió a urgencias por un dolor abdominal que empeoraba con la ingesta de alimentos, pero tras diversas pruebas se concluyó que la PEG funcionaba correctamente. Volvió al día siguiente a urgencias por tres síncopes de la PEG, pero no se hizo ninguna intervención, y el 30 de mayo de 2022 falleció.
Reclamación responsabilidad patrimonial
La familia presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial un año después al considerar que los médicos no actuaron con la debida diligencia y cuidado en la atención al paciente y solicitó una indemnización de 76.780,72 euros.
El dictamen del CJC sobre este caso señala que un informe médico-pericial afirma que el paciente falleció por fallo hepático, secundario a la infección peritoneal por la llegada de alimento a esa cavidad al intestino, y considera «evidente» que si cuando el paciente acudió con dolor se hubiera visto le hubiera hecho un TAC o ecografía, no una radiografía, se hubiera detectado.
«Cabe concluir que la introducción de alimento en la cavidad peritoneal por error desencadenó su fallecimiento», señala el informe pericial, que considera que «tampoco se tuvo la suficiente diligencia» al concluir la segunda vez que acudió al hospital que la PEG estaba en buena posición y que el fallecimiento «se vio acelerado bruscamente por la infección peritoneal».
Asimismo, la Inspección de Servicios Sanitarios consideró en un informe que sí había habido «un mal funcionamiento de la asistencia sanitaria» del hospital y que desde la unidad de endoscopias en febrero «no se actuó correctamente y no se comprobó tras el recambio que la sonda estuviera adecuadamente posicionada, dejándola fuera de la cavidad gástrica».
Otro informe señaló que dejar la sonda fuera de la cavidad gástrica ocasionó al paciente «un cuadro infeccioso abdominal, que aunque fue tratado impidió iniciar el tratamiento de quimioterapia para su carcinoma con la consiguiente pérdida de oportunidad».
Actuación deficiente
El CJC considera suficientemente acreditado que hubo «una actuación deficiente» por parte de los servicios sanitarios del hospital público que asistieron al paciente y que dio lugar a una pérdida de oportunidad, y propone que se indemnice a los dos hijos del fallecido con un total de 34.673 euros.
