La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana ha notificado al grupo popular en Les Corts una resolución que constata irregularidades en la contratación de publicidad institucional del Ayuntamiento de Morella durante el periodo analizado. El PP sostiene que esas prácticas afectaron a la empresa gestionada por el hermano del expresident Ximo Puig y que el origen del caso está en pagos de facturas sin contrato.
Publicidad institucional bajo la lupa
Según el PP, la denuncia se presentó en abril de 2023 por el grupo popular y por su portavoz municipal en Morella, Jesús Lecha. En ella se señalaban presuntos pagos a las empresas del hermano de Ximo Puig desde 2015 sin tramitar ningún procedimiento de licitación o contratación. El PP cifra en 629 los pagos cuestionados, por un total de 408.000 euros, y los describe como cientos de facturas abonadas sin soporte legal.
La resolución de Antifraude, de acuerdo con la notificación recibida por el PP, confirma irregularidades en la contratación de gastos de publicidad y patrocinio en el Ayuntamiento de Morella. El dictamen recoge recomendaciones al consistorio, entre ellas iniciar la revisión de oficio de las facturas abonadas sin contrato relativas a la publicidad institucional. Esa revisión puede implicar la anulación de pagos si se declaran nulos y la exigencia de responsabilidades administrativas, con el objetivo de corregir prácticas contrarias a la normativa de contratación pública.
El PP añade que el montante total abonado de forma irregular habría encarecido las cuentas municipales en más de un millón de euros desde 1996, aludiendo a una práctica reiterada con el mismo proveedor. También recuerda, en relación con esa empresa, que existe una condena firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por su participación en un cartel para amañar concursos y falsear la competencia. Asimismo, señala que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa por el presunto cobro irregular de ayudas públicas. Estas referencias son aportadas por el PP en su argumentario.
Tras conocer la resolución, el PP ha pedido el informe íntegro a la AVAF y avanza que, una vez analizado, estudiará emprender las acciones legales que correspondan por las irregularidades detectadas. Con ello busca depurar responsabilidades y que el Ayuntamiento adapte sus procedimientos a la ley para evitar nuevas incidencias en la contratación.
