El último juicio del caso Gürtel ha arrancado con un giro relevante: veinte de los 25 acusados han comunicado al tribunal que reconocen delitos de fraude fiscal y blanqueo vinculados a la trama. Entre ellos figuran los dos principales responsables señalados por la investigación, Francisco Correa y Pablo Crespo, cuyo reconocimiento apunta a una estrategia para atenuar las penas.
Esta vista se centra en los delitos fiscales y en el blanqueo del dinero generado por el entramado a través de sobornos a cargos del PP en ayuntamientos y comunidades, mecanismo que permitió obtener adjudicaciones entre 1998 y 2009.
En este tramo, el foco ya no está en cómo se lograron los contratos, sino en cómo se ocultó el origen de los fondos y se eludieron impuestos una vez obtenidos los beneficios ilícitos.
Qué implica el reconocimiento
El reconocimiento de los hechos suele orientarse a lograr una rebaja de condena y a simplificar el debate probatorio. Si la mayoría de los acusados asume su responsabilidad, el juicio puede acortarse y el tribunal centrar la discusión en el alcance concreto de los delitos, la cuantía del fraude y las responsabilidades económicas derivadas, como multas o decomisos.
Correa y Crespo afrontan la petición provisional más alta formulada por la Fiscalía, que asciende a 77 años de prisión para cada uno. Su cambio de postura persigue mitigar ese horizonte penal, lo que, de prosperar, podría traducirse en un descenso sustancial de las penas. Para el resto de procesados, la admisión también busca la aplicación de atenuantes y una resolución más rápida.
Último tramo de responsabilidades
Dado que esta causa cierra una macroinvestigación dividida en trece piezas, su desenlace servirá para fijar el último tramo de responsabilidades en la Audiencia Nacional.
El tribunal deberá delimitar cómo se blanquearon los beneficios ilícitos y qué maniobras se emplearon para dificultar su rastro, cuestiones que derivan del propio esquema de la trama y de los periodos en los que operó. Con las confesiones sobre la mesa, la fase de prueba puede reducirse, limitando el número de declaraciones y peritajes necesarios para dictar sentencia.
