La Audiencia de Valencia respalda la decisión de la juez instructora de no agrupar a las acusaciones particulares y populares en la causa penal abierta por la gestión de la dana. A la vez, revoca la obligación que imponía a posibles acusaciones populares futuras a personarse bajo la representación procesal y dirección letrada de alguna de las ya personadas.
En un auto de la sección segunda, los magistrados señalan que, en abstracto, las acusaciones populares podrían llegar a agruparse en una o varias acusaciones, pero rechazan la fórmula concreta defendida en el recurso por la Fiscalía y las partes adheridas. Con ello, el tribunal mantiene el criterio actual de la instructora: no habrá agrupación en este momento de la investigación, al no haberse acreditado que la multiplicidad de partes esté causando dilaciones indebidas.
El pasado 4 de julio, la jueza de Catarroja decidió no agrupar después de que la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en la causa, lo solicitara. En aquel auto, la instructora razonó que resultaba, en sus palabras, ‘claramente inviable atribuir a la representación letrada de Podemos, primera de las acusaciones populares personadas, la representación de las restantes, es absolutamente imposible de realizar’.
La magistrada extendió ese criterio a las acusaciones particulares porque, según argumentó, ‘supondría trasladar a una representación las preguntas del resto y limitaría el derecho de defensa, sin que se garantice la mayor brevedad en la práctica de las declaraciones, dado que deberían asumir las preguntas de las acusaciones agrupadas’. En la práctica, mantener separadas a las partes permite que cada una sostenga su estrategia y formule sus preguntas sin condicionantes de coordinación, aunque complica la logística de las vistas y la calendarización de diligencias.
Un proceso con numerosas partes
En el procedimiento, dirigido por el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, están personadas una quincena de acusaciones populares —entre partidos como Podemos, Vox, PSPV-PSOE, Ciudadanos y Compromís, además de sindicatos y asociaciones— y una veintena de acusaciones particulares de familiares de víctimas y asociaciones de afectados. Precisamente ese volumen de partes motivó el debate sobre una eventual agrupación para agilizar la instrucción. La Audiencia, sin embargo, resuelve que no procede agrupar a las particulares en esta fase inicial, al no constatarse las dilaciones alegadas.
La revocación sobre la personación futura implica que, si en adelante comparecen nuevas acusaciones populares, no estarán obligadas a hacerlo bajo el paraguas procesal de una ya personada. Esa corrección refuerza la libertad de elección de representación y evita conflictos de intereses entre colectivos con objetivos procesales distintos.
Otros pronunciamientos de la sala
En otro auto, la sección segunda rechaza la pretensión de la acusación popular ejercida por el partido Valores de imputar formalmente a un testigo: el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez. El tribunal desestima esa solicitud y mantiene su condición de testigo.
En una tercera resolución, la sala también desestima el recurso de la acusación ejercida por Vox y rechaza que la instructora deba citar a declarar a nueve ingenieros y arquitectos que comparecieron en la comisión de investigación del Senado sobre la dana. Con ello, la Audiencia respalda el criterio de la instructora sobre la pertinencia de ampliaciones de testificales en esta etapa de la investigación.
En conjunto, las decisiones de la Audiencia ordenan la tramitación de una causa compleja, preservan el derecho de defensa de cada parte y descartan, de momento, cambios organizativos que no se apoyan en un riesgo probado de dilaciones.
