El PP ha dejado en manos de Carlos Mazón su eventual dimisión tras los abucheos recibidos en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA.
La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha subrayado que la decisión corresponde al president de la Generalitat y no a la dirección nacional. En el acto estuvieron presentes, además de Muñoz, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
‘La decisión de dimitir de un cargo público que te han votado los ciudadanos es personal y por lo tanto es el señor Mazón el debe decidir su futuro político‘, ha apuntado Muñoz en una comparecencia en el Congreso.
Derecho a expresar el dolor
Muñoz también ha defendido el derecho de las familias y afectados a manifestar su malestar en un momento de duelo. En una entrevista, ha sostenido que las víctimas ‘tienen que poder decir lo que quieren’ y ‘en los términos en los que consideren’.
‘Lo que tiene que prevalecer es que las víctimas siempre puedan decir lo que consideren y expresar su dolor como crean oportuno’, ha agregado, antes de recordar que también tienen derecho a buscar culpables.
Con ese mensaje, la dirección parlamentaria del PP ha evitado desautorizar a quienes mostraron su rechazo en el acto oficial y ha separado el respeto al luto de la controversia política. El reconocimiento explícito de ese derecho asume que, incluso en ceremonias solemnes, el dolor puede traducirse en protestas y que corresponde a los responsables públicos escuchar y dar explicaciones.
Reflexión
En paralelo, Mazón ha afirmado que se hace cargo de lo sucedido durante el funeral, que no deja de ‘reflexionar sobre lo que significa’ esa jornada y que en los próximos días hará ‘una reflexión algo más profunda‘. Esa declaración sitúa la iniciativa en su propio terreno y abre un tiempo de valoración interna sobre las consecuencias de lo ocurrido, incluido el alcance institucional de su decisión.
Al definir la dimisión como una decisión estrictamente personal, el PP ha marcado distancia de cualquier presión orgánica y ha trasladado a Mazón la potestad de comunicar, si lo estima, su futuro político. Esa posición, unida al respaldo al derecho de las víctimas a protestar, pretende rebajar la tensión y encauzar el debate hacia las responsabilidades que ellas quieren ver aclaradas.
