El Juzgado de Instrucción 13, en funciones de guardia, ha decretado la libertad provisional del camionero detenido por el atropello mortal de una joven en València y le ha impuesto como medida cautelar la retirada del permiso de conducir. La resolución se ha adoptado tras prorrogar 24 horas la detención a la espera de un informe médico y de su ratificación judicial por la facultativa responsable.
Informes médicos y atestado
De esos informes, junto a un análisis forense, se desprende que el conductor dio positivo en cocaína y cannabis, pero no circulaba bajo el efecto de dichas sustancias. Según esas conclusiones, el consumo se habría producido aproximadamente una semana antes y solo quedaban restos en el organismo. Estas valoraciones coinciden con el atestado policial, en el que los agentes no apreciaron signos de afectación compatibles con la influencia de drogas durante la conducción.
La diferencia jurídica es relevante: un positivo toxicológico detecta la presencia de sustancias, mientras que el delito contra la seguridad vial exige que la conducción esté afectada por ellas. Este matiz, apuntado por los informes, condiciona el encaje penal y explica que, por ahora, no se atribuya al conductor la conducción bajo influencia pese al positivo.
La causa se ha abierto inicialmente por un posible delito de homicidio por imprudencia y continuará bajo investigación en el Juzgado de Instrucción 11, que estaba de guardia cuando se produjo el siniestro. El juzgado de guardia ha resuelto la situación personal del detenido, pero la libertad provisional no implica archivo: la instrucción seguirá recabando pruebas para determinar cómo ocurrió el atropello y si concurrió imprudencia penalmente relevante.
La retirada del permiso de conducir como medida cautelar busca prevenir riesgos mientras avanza la investigación y proteger la seguridad vial. Esta medida puede revisarse a medida que se incorporen nuevos elementos al procedimiento y se esclarezcan las circunstancias del accidente.
Inicialmente, la Policía Local informó de la puesta a disposición judicial del conductor por homicidio por imprudencia grave y por un posible delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de drogas. A la vista de los informes médicos y del atestado, esa segunda acusación quedaría supeditada a acreditar una afectación efectiva, por lo que la investigación se centra ahora en depurar responsabilidades por la eventual imprudencia en la conducción.
