La Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado el recurso de apelación de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas. Ella solicitaba el registro del Sistema Coordcom del Centro de Coordinación de Emergencias, considerado la ‘caja negra’ de la gestión de la DANA del 29 de octubre. La Sección Segunda entiende que esa diligencia no aportaría información distinta a la ya incorporada o requerida en la causa. Además, mantiene la línea marcada por el juzgado instructor.
El tribunal razona que la parte recurrente no ha justificado en qué medida el acceso a esos registros del Coordcom proporcionaría datos nuevos relevantes. Con ello, la Sala evita duplicidades en la obtención de información y prioriza la explotación de fuentes ya pedidas en autos. En la práctica, el rechazo no cierra la investigación, sino que la ordena alrededor de las diligencias ya acordadas y aún en curso.
Información ya solicitada
Según la resolución, la información que podría obtenerse mediante los registros del WAP del Sistema de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar ya obra en la causa. Además, los listados de alarmas del 29 de octubre de la Rambla del Poyo y del río Magro están pendientes de remisión dentro del informe encomendado a la Guardia Civil. Si esos materiales están incorporados o a punto de llegar, el acceso adicional al Coordcom se considera redundante e innecesario.
La defensa de Pradas también había pedido designar un técnico de la Confederación Hidrográfica. Este técnico accedería a datos guardados en los sensores de caudal del Poyo y la declaración del secretario autonómico de Medio Ambiente. La Audiencia rechaza igualmente esas peticiones por carecer de utilidad en este momento. Considera que son superfluas frente a las diligencias ya practicadas.
El tribunal ratifica, además, la denegación de diversas diligencias instadas por una acusación particular. Esta representa a la familia de un hombre fallecido en Cheste. Esas solicitudes se referían a la presa de Forata e incluían requerimientos de documentación a la Confederación Hidrográfica. Así como nuevas declaraciones testificales, entre ellas la del secretario de Estado de Medio Ambiente. Para la Sala, la resolución de la instructora supera los estándares de motivación exigidos por el artículo 24 de la Constitución. Su negativa no puede tildarse de caprichosa o absurda, porque se apoya en diligencias ya acordadas o pendientes de práctica.
Estado de la causa
Con las dos resoluciones notificadas este martes, la Sección Segunda suma 26 autos dictados desde mayo en el marco de la causa penal abierta por la DANA. Esta fue tramitada en el Tribunal de Instancia de Catarroja. En 23 de esas resoluciones se ha desestimado íntegramente el recurso y se ha confirmado la decisión de la instructora. En contraste, en tres ocasiones las apelaciones fueron estimadas, una de forma total y dos de manera parcial. Este balance refleja una tendencia a avalar la hoja de ruta fijada por el juzgado. El mismo continúa a la espera de informes y documentación ya solicitados.
En consecuencia, la investigación seguirá centrada en el análisis de los datos hidrológicos. También se centrará en los avisos del 29 de octubre. Además, se considerarán las conclusiones del informe de la Guardia Civil. La Audiencia descarta, de momento, abrir nuevas líneas que dupliquen información. Emplaza a que la instrucción avance con los elementos ya recabados o en vías de incorporación.
