José Luis Ábalos ha pedido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que anule su procesamiento en la causa sobre la compra de mascarillas.
Alega que es víctima de una instrucción desequilibrada, sin pruebas y sustentada en las afirmaciones de la UCO, en la que se ve, según su recurso, abocado a un cadalso en el que solo puede forcejear inútilmente clamando por su inocencia.
En su recurso de apelación contra el auto de transformación en procedimiento abreviado —equivalente al procesamiento y paso previo a la apertura de juicio—, su defensa reitera a lo largo de 78 páginas las diligencias que solicitó sin éxito.
Acusa al instructor, Leopoldo Puente, de asumir a pies juntillas el relato de la fuerza actuante y de omitir sistemáticamente la práctica de las evidencias propuestas por la representación del exministro.
Defensa denuncia una instrucción desequilibrada
La base del procedimiento, sostiene, son las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama sin aportar ninguna prueba más que su palabra y tres hojas de fotocopias.
Denuncia además un presunto pacto con la Fiscalía que califica como una suerte de híbrido procesal, lo que, a su juicio, desequilibra el proceso en perjuicio de quienes no quisieron pactar al situar como eje probatorio lo dicho por uno de los investigados.
Cantidades Aldama atribuye a la trama
Ábalos pone en cuestión las cantidades que Aldama atribuye a la trama, calificadas como gigantescas: primero un millón, luego dos y ahora parece que cinco. Subraya que tales cifras no aparecen por parte alguna en la causa y que su constante variación debilita el relato acusatorio al no acompañarse de documentos, trazabilidad de pagos o ingresos que encajen con esos montos.
Sobre el informe patrimonial de la UCO, la defensa afirma que solo tergiversando los números se ha llegado a una cifra de apenas 95.000 en diez años, lo que hace una cantidad de apenas 9.500 euros al año. Añade que una supuesta comisión por este importe, atribuida a adjudicaciones de material sanitario u otras facilidades ante distintas administraciones, se antoja bastante ridícula para justificar la existencia de una trama de mordidas millonarias.
Análisis de sus cuentas bancarias
La representación del exministro subraya que en el análisis de sus cuentas bancarias no han sido detectadas desviaciones que cabría esperar si, como se sugiere, existieran grandes cantidades procedentes de operaciones de distinta magnitud. Recuerda que durante su etapa como ministro, de junio de 2018 a julio de 2021, tuvo cubiertos la mayoría de los gastos sin necesidad de realizar disposiciones bancarias, y que la economía familiar contaba con los ingresos de su exesposa.
La terca realidad es que no hay dinero procedente de esas mordidas millonarias, zanja el escrito.
También niega que Koldo García actuara como custodio de dinero suyo. Sostiene que lo que hacía era adelantar pagos de gastos que Ábalos le devolvía después. Extiende esa negación a su hijo, Víctor Ábalos, del que asegura que sus actividades profesionales en Colombia cumplen con la normativa de prevención de blanqueo de capitales, tratando así de separar relaciones personales de cualquier circuito económico opaco.
Pruebas reclamadas antes del juicio
Entre las diligencias denegadas que la defensa considera esenciales figura la devolución del disco duro de su propiedad intervenido en el domicilio de Koldo.
Su análisis pericial tecnológico se tilda de crucial para comprobar si se produjo una investigación clandestina antes de solicitar al Congreso el suplicatorio necesario para poder imputarle, extremo que, de confirmarse, afectaría a las garantías del procedimiento.
Insiste igualmente en que se requiera al Ministerio de Transportes una certificación sobre el número de folios entregados a su secretaria entre 2018 y 2021, con el fin de demostrar que la referencia a secretaria no aludía a billetes, como interpreta la UCO.
Según la defensa, ese contraste terminológico ayudaría a descartar lecturas incriminatorias de expresiones usadas en la documentación.
Investigación distribución de mascarillas
Además, reclama que se investigue la distribución de mascarillas. Pide requerir a Correos los albaranes de entrega del material procedente de Transportes y que el propio ministerio certifique cuántas mascarillas sobrantes quedaban tras la distribución.
También solicita que se aclare si se facilitó a terceros el acceso a las dependencias donde se guardaban las mascarillas, con el objetivo de fijar la cadena de custodia y detectar posibles irregularidades.
Testigos
Por último, solicita que se cite como testigos al subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez y al conductor asignado al Ministerio de Transportes.
En paralelo, mantiene que los contratos examinados se ajustaron a la normativa excepcional aplicable y que las operaciones articuladas a través de los mismos no vulneraron ni la gestión de fondos públicos en general ni la normativa de contratación pública en particular.
