El Ayuntamiento de València ha comunicado a la Fiscalía la existencia de un posible criadero ilegal en una vivienda del barrio de Quatre Carreres después de que una vecina denunciara fuertes olores. En el interior se localizaron 16 perros de distintas razas, entre ellos 10 caniches y 2 yorkshire, concentrados en la cocina.
La Oficina de Bienestar Animal confirmó que la dirección no correspondía a ningún núcleo autorizado y realizó una inspección junto a la Policía Local. En una primera visita no se encontró a nadie en la casa, pero se contactó con la propietaria y se acordó volver al día siguiente. Los agentes y los veterinarios comprobaron un olor muy intenso incluso con la puerta cerrada; ya dentro, el hedor aumentaba y había orina y excrementos en el suelo, además de un fuerte olor a lejía, lo que hace pensar que se intentó limpiar o enmascarar los restos.
En una vivienda de unos 80 metros cuadrados se apilaban numerosas bolsas de comida para perros. En la cocina estaban los 16 animales; dos permanecían en jaulas porque estaban en celo y se observaron jaulas en todas las habitaciones, un indicio de actividad de cría continuada y sin control. La casa estaba llena de moscas y las condiciones higiénico-sanitarias no eran adecuadas para vivir personas ni animales.
Inspección y traslado de los animales
A primera vista, el estado de salud de los perros era bueno, aunque tenían las patas sucias y mojadas por orinar en el suelo. Los veterinarios los trasladaron al centro de Benimàmet para una valoración inicial y para comprobar su identificación: todos llevaban chip salvo dos, dato relevante para esclarecer la procedencia y titularidad de cada ejemplar.
La propietaria reconoció que no tenía licencia para núcleo zoológico y mostró en su móvil una licencia de criadora. Al consultar el registro de identificación de animales de compañía, se comprobó que tenía 22 perros a su nombre, pero en la vivienda solo se hallaron 16. La mujer aseguró que el resto vivían en el chalet de una amiga y se negó a facilitar la dirección, lo que impidió verificar su situación.
Con la comunicación a la Fiscalía, el caso ha quedado en manos del Ministerio Público para determinar si existen responsabilidades por las condiciones detectadas y por la posible cría sin autorización. Mientras avanzan las diligencias, los animales quedan bajo control veterinario, y la intervención municipal busca asegurar su bienestar inmediato y atender las molestias vecinales que originaron la denuncia.
