Anticorrupción considera que el exasesor Koldo García actúa como alter ego de José Luis Ábalos durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes y que así se asumía en el propio departamento y en otras administraciones.
En sus conclusiones provisionales, el fiscal jefe Alejandro Luzón solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para García y 7 para el empresario Víctor de Aldama, y sostiene que el asistente era el ‘fiel transmisor de las decisiones y los deseos’ del ministro, ‘habitualmente parapetado tras su asesor’.
El Ministerio Fiscal añade que García operó ‘de facto’ como testaferro del exministro: gestionó ‘fuentes ilegales de dinero en efectivo’ atribuidas a Ábalos que ‘con frecuencia se confundían con las propias’. Una tesis que, según el escrito, coincide con la del instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.
Ya fuera en el cargo o tras su cese, García, ‘convertido más en asistente que en asesor’, habría asumido para Ábalos un abanico de tareas de distinta naturaleza, desde gestiones profesionales a encargos personales, algunas presuntamente ilícitas, de acuerdo con la acusación.
Reparto de roles y estructura
La Fiscalía describe un reparto de papeles entre los tres acusados con ‘vocación de permanencia en el tiempo’. A Ábalos lo sitúa como ‘el jefe’, que aportaba autoridad institucional y capacidad de influencia directa cuando era necesaria; en lo demás, se habría apoyado en ‘su hombre de confianza, Koldo García’. Aldama, por su parte, actuaba como comisionista que localizaba empresas o particulares interesados en obtener gestiones ante la Administración.
Según Anticorrupción, Aldama ‘consiguió para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos‘ gracias a su influencia sobre García y sobre Ábalos, ‘garantizada mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero‘. El grupo habría acordado la futura comisión de delitos conforme surgieran oportunidades, operando durante varios años y proyectando su actividad en distintas esferas hasta que la salida de Ábalos del ministerio debilitó la estructura.
Más gestiones bajo la lupa
La pieza principal por la que el juez propone llevar a juicio a los tres se centra en la adjudicación de contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión, representada por Aldama. Pero el Ministerio Público también incluye otras gestiones que, a su juicio, encajan en delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias o malversación.
Entre ellas figura el caso de Air Europa. Según la Fiscalía, la aerolínea pagó durante un año 12.100 euros mensuales a Aldama y, en paralelo, Ábalos promovió la publicación de una nota de prensa con una posición favorable del Gobierno respecto al rescate de la compañía. Esa actuación habría sido recompensada con un alquiler vacacional en Mallorca.
El escrito también atribuye a García gestiones para concertar una entrevista entre el jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, y el empresario Claudio Rivas, que buscaba licencia de operador de productos petrolíferos para Villafuel, aunque el intento no fructificó. Además, habría intentado un encuentro entre Aldama y el jefe de gabinete de Hacienda para aplazar la deuda de una empresa, reunión que finalmente no se produjo.
Durante la pandemia, añade el Ministerio Fiscal, se emitieron certificados de movilidad a personas relacionadas con Aldama, salvoconductos que les permitían moverse esquivando las restricciones vigentes en ese momento.
Con este conjunto de hechos, Anticorrupción traza un relato en el que García figura como puente estable entre el poder político y los intereses privados, mientras que Aldama capitalizaba ese acceso. El resultado, siempre según la acusación, habría sido una red con jerarquía definida, canales de pago opacos y beneficios concretos en forma de contratos, gestiones o trato preferente
