La factura del teléfono corporativo de Juanfran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat en aquel momento y actual president de la Generalitat, confirma que realizó dos llamadas al entonces jefe del Consell, Carlos Mazón. Además, hizo una tercera a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, durante la DANA del 29 de octubre de 2024.
Así consta en el informe enviado por el Ayuntamiento de Finestrat al juzgado de Catarroja. Este juzgado instruye la causa penal sobre la gestión de aquella emergencia. El documento detalla el registro de las comunicaciones efectuadas desde el terminal corporativo de Pérez Llorca.
Según la relación de llamadas, a las 18:57 horas se produjo una comunicación de 18 segundos con Mazón. Fue seguida inmediatamente por otra llamada al mismo número que terminó a las 18:58, con una duración de 1 minuto y 6 segundos. A continuación, a las 18:59 horas, se registró una llamada saliente de 9 segundos a Salomé Pradas, imputada en el procedimiento judicial.
Llamadas salientes, sin registro de entrantes
En el escrito remitido al juzgado, la Secretaría General del Ayuntamiento explica que el consistorio tiene adjudicado el servicio de telecomunicaciones a una UTE de Telefónica. Esta factura mensualmente un importe fijo por telefonía fija, móvil y datos. Por ese motivo, “no existe factura individual de ningún teléfono corporativo”.
El consistorio aclara que las relaciones de llamadas solo pueden consultarse en un portal de gestión habilitado por la operadora. Solo aparecen las llamadas salientes, ya que para conocer las entrantes sería necesario contratar el servicio adicional de Informe de llamadas, no incluido en el contrato vigente.
Pérez Llorca defendió que fue una “coincidencia”
Durante su declaración como testigo el pasado 21 de noviembre, Pérez Llorca afirmó que fue una “coincidencia” que ese día hablara de forma sucesiva con Pradas y con Mazón. Esta secuencia ahora ha quedado reflejada en la documentación incorporada al procedimiento.
En una providencia emitida el 24 de noviembre, la jueza requirió al entonces alcalde que aportara la factura del teléfono con el que realizó o recibió las llamadas. También ordenó que la Letrada de la Administración de Justicia verificara mediante diligencia si las comunicaciones fueron entrantes o salientes. La duración y el orden exacto en que se produjeron también debían ser confirmados.
