Ayer volvió la alerta roja y, con ella, ese silencio raro que se instala cuando una ciudad aprende a desconfiar del cielo. No es solo el sonido del móvil ni el gesto automático de mirar el radar. Es la sensación de estar viviendo un examen que se repite demasiado. En Valencia y su área metropolitana, el aviso extremo ya no se percibe como un hecho excepcional. Ahora es un recordatorio: el clima aprieta y el margen de error institucional es cada vez menor.
Después de la DANA del 29 de octubre de 2024, se prometió un cambio de etapa. Se habló de reconstrucción, de resiliencia, de inversiones y de coordinación. Sin embargo, cuando llega otra alerta roja, lo que aflora es una impresión persistente. Seguimos con la casa sin barrer. No porque no se hayan hecho cosas, sino porque lo esencial continúa avanzando a una velocidad incompatible con los retrasos acumulados durante décadas.
Conviene decirlo con claridad porque el debate público suele caer en el reduccionismo del “nadie hace nada”. También en el reparto de culpas como deporte local. La Generalitat Valenciana y la Diputación sí han movido ficha en estos meses con medidas de prevención. Realizaron actuaciones de emergencia, coordinación operativa, refuerzos de dispositivos y decisiones. Aun siendo imperfectas, han tenido un propósito inmediato: ganar tiempo y reducir exposición cuando el episodio aprieta. Se ha visto en la gestión de alertas, en la suspensión de actividades. También en la movilización de recursos, el despliegue de protección civil y la lógica de anticiparse a lo peor cuando los modelos se ponen feos.
El problema es que esa capa autonómica y provincial, por útil que sea en la respuesta y en la contención, no puede sustituir indefinidamente la gran tarea pendiente. Se necesitan soluciones estructurales de cuenca y la planificación hidráulica con ejecución real. Además, el cierre de los expedientes lleva años dando vueltas entre informes, evaluaciones, revisiones y promesas de “ya está encaminado”. Ahí, guste o no, el foco vuelve una y otra vez a la Confederación Hidrográfica del Júcar y al Gobierno de España.
Porque cuando se habla de barrancos, laminación, capacidad de desagüe, obras de adecuación y drenaje. También de actuaciones integrales aguas arriba y abajo hablamos del corazón competencial del Estado en materia de cuenca. Lo que muchos ciudadanos perciben (y no sin motivos) es que la CHJ y el Gobierno van demasiado despacio. En relación con el tamaño del problema y, sobre todo, el tiempo ya perdido. No es una discusión sobre si los trámites son necesarios. Lo son. No es una discusión sobre si los condicionantes ambientales importan. Importan. Es una discusión sobre la proporción: cuánto tarda el sistema en convertir diagnóstico en obra. Además, cuántos avisos rojos hacen falta para que lo urgente deje de ser retórica.
El clima no espera
La velocidad importa porque el clima no espera. Cada episodio extremo no solo pone a prueba el asfalto o la red de alcantarillado. Pone a prueba la credibilidad del Estado en su función básica: proteger a la población con planificación, anticipación y ejecución. Además, pone a prueba algo más delicado: la confianza social. Cuando la ciudadanía siente que la parte más determinante del engranaje se mueve con parsimonia de otra época, la respuesta acaba desplazándose a lo único que parece funcionar siempre. La improvisación, la resignación y el “sálvese quien pueda” doméstico. Eso es peligrosísimo porque transforma un riesgo natural en un fallo de sistema.
Mientras tanto, lo que sí avanza suele hacerlo en modo emergencia. Reparaciones, limpiezas puntuales, actuaciones reactivas después de cada episodio, comunicados, balances. Es imprescindible, nadie lo discute, pero no basta. La emergencia tapa agujeros; la prevención cambia la estructura. Si la prevención estructural sigue atascada, cada nueva alerta roja se convierte en el mismo bucle: miedo, avisos, cortes, daños, reconstrucción parcial, olvido administrativo. Y vuelta a empezar.
Además, la “casa sin barrer” no es solo hidráulica. También es territorial. Durante años se ha consolidado exposición en zonas vulnerables. Se ha normalizado convivir con la inundabilidad como si fuera un detalle técnico y no una variable crítica. Se ha permitido que la complejidad competencial funcionara como coartada. En ese laberinto, la Generalitat y la Diputación pueden y deben empujar. Lo han hecho en parte. Pero el cierre de las grandes actuaciones de cuenca, la financiación de calado y la ejecución integral dependen de un Estado. Hoy por hoy, no transmite la urgencia proporcional al historial de retrasos.
No se trata de hacer un discurso contra nadie. Se trata de llamar a las cosas por su nombre. Si hay una administración que ha sido interpelada durante años por la necesidad de actuar en puntos críticos. Esa es la que debe asumir que ya no vale con ir “avanzando” sin calendario exigente. A estas alturas, “en tramitación” suena demasiado parecido a “aún no”. “Aún no” es lo que convierte una alerta roja en una ruleta.
¿Y la próxima alerta roja?
Cada vez que llega un aviso extremo y se suspende la vida normal, la ciudadanía pone su parte. Cambia planes, evita desplazamientos, hace caso a las recomendaciones. Esa disciplina social no puede ser el pilar central del sistema. El pilar tiene que ser la obra hecha, el cauce dimensionado, el desagüe previsto. Además, el cuello de botella corregido y la intervención integral que reduce el riesgo antes de que se active el protocolo de emergencia.
Otra alerta roja debería servir para lo que sirven los espejos: para ver lo que no queremos ver. La Generalitat Valenciana y la Diputación han demostrado que se puede actuar con rapidez cuando toca, y eso es un mérito que conviene reconocer. Pero la CHJ y el Gobierno de España tienen una deuda de velocidad con este territorio. No por lo que dijeron ayer, sino por lo que se ha demorado durante años. Y mientras esa deuda siga viva, cada alerta roja seguirá sonando como una advertencia doble. La del cielo y la de un sistema que aún no ha terminado de ponerse al día.
