La exconsellera Salomé Pradas y el exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, están citados este lunes a un careo ante la jueza que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. El objetivo es confrontar en un mismo acto sus versiones y despejar las supuestas contradicciones detectadas sobre decisiones adoptadas durante la emergencia, especialmente en torno al posible confinamiento y a la existencia de instrucciones procedentes de Presidencia.
Este paso procesal busca aclarar un punto clave: si hubo indicaciones políticas a la responsable del operativo y qué criterios se siguieron para descartar el confinamiento. El careo permite a la magistrada escuchar a ambos de forma simultánea, repreguntar sobre los mismos hechos y reaccionar a las mutuas afirmaciones, una dinámica que puede ayudar a fijar versiones definitivas y a valorar la credibilidad de cada testimonio.
Mensajes y versiones cruzadas
En su primera declaración como testigo, el 26 de noviembre, Cuenca negó que desde Presidencia se trasladaran instrucciones a la consellera al frente del operativo. Días después, el 5 de diciembre, Pradas hizo públicos varios mensajes que le envió Cuenca. Entre ellos figuraba ‘De confinar, nada’ y otro en el que se leía: ‘Salomé, para confinar hace falta un estado de alarma, y eso lo decreta la chica que tienes al lado’, en referencia a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, conectada al Cecopi de forma telemática. En esos mismos intercambios, Cuenca pedía también ‘calma’. Pradas está investigada en esta causa penal.
Tras la difusión de esos mensajes, Cuenca volvió a declarar el 12 de diciembre. Negó haber transmitido órdenes de Carlos Mazón y sostuvo que su indicación contraria al confinamiento se apoyó en una consulta previa a la Abogacía de la Generalitat. Con esta explicación, el foco pasó a determinar qué consultas se realizaron realmente, por qué vía y con qué alcance, dado que de ello depende entender el marco jurídico que se consideró en pleno episodio de lluvias torrenciales.
Para esclarecerlo, la jueza solicitó el 22 de diciembre un informe a la Abogacía de la Generalitat sobre eventuales consultas, verbales o escritas, relativas a las inundaciones y barrancadas del 29 de octubre de 2024, un episodio que dejó 230 víctimas mortales. La intención era verificar si hubo respaldo jurídico consultado en tiempo real para evaluar medidas tan restrictivas como el confinamiento.
Llamadas a la Abogacía y nuevos testigos
El informe, ya incorporado a la causa, precisa que ningún alto cargo de Justicia, Medio Ambiente o Presidencia cursó consultas por escrito. Sin embargo, sí se recibieron varias llamadas telefónicas de corta duración aquella tarde. En particular, el entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, Ricardo García, preguntó al abogado coordinador del departamento si un eventual confinamiento tendría soporte jurídico. La respuesta fue afirmativa, con indicación de los preceptos aplicables, lo que supone que la Abogacía avaló la posibilidad del confinamiento desde el punto de vista legal.
Además, el exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, contactó con el abogado general para avisar de que la consellera de Justicia e Interior, entonces Salomé Pradas, podría requerir su intervención si fuera necesario dictar alguna resolución o disposición que exigiera informe jurídico sobre un eventual confinamiento. El abogado general manifestó su disponibilidad, pero después de estas comunicaciones no se registró ninguna petición adicional, ni verbal ni escrita.
A la vista de estas precisiones, la jueza ha citado también como testigos, sin fecha aún, al subsecretario de Justicia del 29-O y a dos abogados de la Generalitat. El objetivo es contrastar sus relatos con la versión de Cuenca y aclarar por qué el informe refleja gestiones que no encajan con lo que él defendió inicialmente.
El careo de este lunes y las próximas testificales pueden resultar determinantes para fijar qué decisiones se tomaron durante la emergencia, bajo qué criterios y con qué cobertura legal. De su resultado dependerá perfilar si hubo instrucciones, cómo se interpretaron las competencias y por qué se descartó el confinamiento pese a que, según la Abogacía, contaba con encaje jurídico.
