Nueve familias en situación de vulnerabilidad residencial se han organizado en la calle Pintor Sorolla número 25 de Museros para exigir contratos de alquiler social frente a la falta de alternativas habitacionales, en un conflicto colectivo impulsado por el Sindicat d’Habitatge de València contra la SAREB.
Según explica el sindicato, «las familias residen en viviendas que llevaban años vacías y a las que se han visto abocadas tras ser expulsadas de sus anteriores hogares por subidas del alquiler o por no poder acceder a una vivienda en el mercado».
Entre los afectados hay menores de edad y personas en riesgo de exclusión social, así como familias que perdieron sus casas a causa de la DANA de octubre de 2024 o que vivían hacinadas en condiciones de inhabitabilidad.
El conflicto afecta a viviendas situadas en el municipio de Museros, en la comarca de l’Horta Nord, y se suma a otros procesos similares impulsados por el sindicato en distintos puntos de la Comunitat Valenciana.
Petición de negociación y vía judicial abierta
Desde el Sindicat d’Habitatge de València señalan que «ya han exigido a la SAREB que negocie con las familias para regularizar su situación mediante alquileres sociales, en una línea similar a la seguida recientemente en Rocafort, donde se logró una alternativa habitacional para once familias».
Sin embargo, según denuncian, «no ha habido respuesta por parte de la propiedad y, pese a conocer la situación de vulnerabilidad de los residentes, se ha iniciado un procedimiento judicial para expulsar a las familias de las viviendas y dejarlas nuevamente vacías, sin ofrecer ninguna solución residencial alternativa».
Gestión de las viviendas y denuncia social
El sindicato explica que «los inmuebles están gestionados por la empresa Hipoges, a la que atribuye un historial de especulación y acoso inmobiliario«.
Además, vincula a la gestora con el fondo de inversión KKR, una referencia que «forma parte de la denuncia política y social planteada por la organización».
Ante lo que califican como una situación de «desamparo institucional«, las nueve familias afectadas han decidido organizarse colectivamente junto al Sindicat d’Habitatge de València como única vía para hacer frente a la crisis de la vivienda y defender su derecho a una alternativa habitacional digna.
