Salomé Pradas ha insistido ante la jueza que investiga la gestión de la DANA que quiso hablar con el entonces president, Carlos Mazón, para trasladarle que se estaba valorando confinar a la población, pero no logró que atendiera sus llamadas.
Frente a esa versión, el ex jefe de gabinete José Manuel Cuenca niega que tratase de frenar ningún aviso y sostiene que su posición fue pedir criterio jurídico antes de adoptar medidas.
El contraste entre ambas versiones sitúa el foco en quién tomaba las decisiones y cómo se canalizó la información aquella tarde.
Ambos mantienen este lunes un careo con el objetivo de aclarar posibles contradicciones sobre lo ocurrido.
En el centro del debate están los mensajes de Cuenca a Pradas, en los que, según el acta notarial aportada por la exconsellera, se leía ‘de confinar nada‘.
La jueza trata de determinar el origen de esa postura y si respondía a una valoración técnica, a una interpretación competencial o simplemente a la prudencia de recabar la opinión de la Abogacía de la Generalitat antes de decidir.
Debate sobre el confinamiento y las competencias
Pradas se ha ratificado en el acta con las conversaciones por whatsapp con Mazón y con Cuenca. Ha detallado que a las 19:36 horas intentó sin éxito contactar con el president y que a las 19:43 habló con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García.
Para entonces, explica, ya se estaba ponderando el confinamiento y consideró imprescindible informar a Mazón. Ante la falta de respuesta, acordó con García elevar la consulta a la Abogacía, la vía habitual cuando una medida puede afectar a derechos y exige encaje en la normativa de emergencias.
Según Pradas, rebatió el mensaje en el que Cuenca le instaba a ‘quitarse de la cabeza’ el confinamiento porque, de acuerdo con él, sería competencia de la Delegación del Gobierno. La exconsellera sostiene que la ley autonómica de emergencias permite esa restricción en el ámbito de la Generalitat. En el fondo, se discute si una orden general de quedarse en casa debe adoptarse a nivel estatal o si cabe una limitación por razones de protección civil en el marco autonómico, siempre con la correspondiente cobertura jurídica.
En su intervención, Cuenca ha asegurado que asoció el término confinamiento a la pandemia, a decisiones del presidente del Gobierno y a una posible vulneración de derechos fundamentales.
Por eso, afirma, remitió la cuestión a la Abogacía y no pretendió ni impulsar ni frenar ninguna medida. De acuerdo con el relato de Pradas, él consideró una barbaridad confinar una provincia y prefería ‘zonificar‘, es decir, acotar las restricciones a las áreas más afectadas para reducir el impacto sobre el conjunto de la población.
Investigación judicial
La investigación judicial sigue abierta y el careo de este lunes busca fijar con precisión la cadena de decisiones y de comunicaciones en esas horas críticas. De su resultado podrían salir aclaradas las competencias efectivas y el criterio que guió la emisión o no de avisos sobre el confinamiento, así como la responsabilidad de cada cargo en un episodio de emergencia que exigió respuestas rápidas y coordinadas.
