La Comunitat Valenciana se sitúa, junto con Andalucía, como una de las regiones donde más plazas residenciales para personas mayores hacen falta en la actualidad. En concreto, el déficit valenciano alcanza las 26.929 plazas, una de las cifras más elevadas del conjunto del país, en un contexto de crecimiento sostenido de la población mayor y de aumento de la dependencia.
El déficit de plazas residenciales para personas mayores continúa creciendo en toda España. En total, serían necesarias más de 50.000 plazas adicionales para atender la demanda actual de personas con gran dependencia y dependencia severa, según el análisis de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
En los cuatro años posteriores a la pandemia, entre 2021 y 2025, el número total de plazas residenciales —públicas y privadas— ha aumentado en 23.075, una cifra muy inferior al crecimiento de la población mayor de 65 años, que se ha incrementado en más de 800.000 personas en ese mismo periodo.
Ocupación elevada y envejecimiento de la población residente
A comienzos de 2025, España contaba con 412.109 plazas residenciales para personas mayores, 17.044 más que el año anterior, lo que supone un aumento del 4,3 %. En estos centros vivían 339.655 personas, 62.634 más que el año anterior, lo que eleva la ocupación media hasta el 82,4 %.
El perfil de las personas residentes refleja un envejecimiento muy acusado: el 75,5 % de quienes viven en residencias tiene más de 80 años, un dato que refuerza la presión asistencial sobre el sistema.
Déficit estructural y desequilibrios territoriales
El déficit de plazas residenciales se ha intensificado en la última década. Si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5 %, en el último año el déficit ha aumentado hasta 96.916 plazas, casi el doble.
Las comunidades con mayor déficit continúan siendo Andalucía, con 36.327 plazas, y la Comunitat Valenciana, con 26.929, que juntas concentran el 65,3 % del déficit total. En contraste, siete comunidades presentan un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 16.712 plazas por encima de la ratio.
En cuanto a la ocupación, cinco regiones presentan una utilización casi completa de sus plazas residenciales: Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid. En el extremo contrario se sitúan Asturias, País Vasco y la Comunitat Valenciana, con porcentajes bajos que, según el análisis, apuntan a una distribución inadecuada de las plazas o a costes elevados que dificultan el acceso.
Predominio de la financiación pública
El 71,1 % de las plazas residenciales para mayores cuenta con financiación pública, lo que equivale a 292.986 plazas, frente a 119.123 de financiación exclusivamente privada. Este grupo incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados y aquellas financiadas mediante la prestación vinculada al servicio.
La cobertura de plazas públicas ha ido aumentando desde 2015 hasta alcanzar 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la cifra más alta registrada hasta ahora. Las comunidades con mayor cobertura son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón, mientras que Canarias, Murcia y la Comunitat Valenciana se sitúan a la cola.
Atención domiciliaria y estrategia de cuidados
La asociación profesional señala el escaso avance de la estrategia de desinstitucionalización impulsada en 2023, orientada a reforzar la atención domiciliaria y reducir la necesidad de plazas residenciales. En 2024, este servicio alcanza una cobertura del 5,8 %, ocho décimas más que antes de la pandemia, con una media de 23,8 horas mensuales de atención, tres horas más que en 2012.
