Los agentes sociales de la Comunitat Valenciana han valorado de forma positiva la presentación de una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. Consideran que supone un avance respecto al sistema actualmente vigente. Sin embargo, advierten de que no garantiza una solución definitiva a la situación de infrafinanciación estructural que arrastra el territorio valenciano.
Según las estimaciones oficiales manejadas en la propuesta, la Comunitat Valenciana podría disponer en 2027 de un incremento de recursos cercano a los 3.669 millones de euros en comparación con la liquidación correspondiente a 2023. Además, este aumento potencial permitiría reforzar el estado del bienestar, los servicios públicos y el apoyo al tejido productivo. Esto será posible siempre que se consolide de forma efectiva y sostenible.
Mejora del sistema, pero sin corrección plena de la desigualdad
Pese a los avances técnicos incorporados, UGT-PV, CCOO PV y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) sostienen que el nuevo modelo debe perfeccionarse para cumplir plenamente con los principios de equidad y justicia territorial. En este sentido, asumen las consideraciones realizadas por la Comisión de Expertos. Además, señalan la necesidad de introducir ajustes clave durante el proceso de negociación.
Uno de los principales reclamos es la creación de un Fondo de Nivelación Transitorio mientras el nuevo sistema no entre en vigor. Los agentes sociales consideran imprescindible dotar de recursos adicionales a las comunidades infrafinanciadas, como la valenciana. Así, buscan evitar que se prolongue una situación de desigualdad que limita la capacidad de prestación de servicios públicos esenciales.
Reclamación de la condonación de la deuda histórica
Otro de los ejes centrales de la valoración es la necesidad de abordar de manera decidida el saneamiento de la deuda autonómica. Los agentes sociales reclaman la condonación de una parte de la deuda histórica, generada por años de infrafinanciación. Advierten de que, sin esta medida, una parte significativa de los nuevos recursos acabaría destinándose al pago de intereses, en lugar de invertirse en mejora de servicios públicos e inversión productiva.
Llamamiento a la responsabilidad política
Ante la magnitud del reto y su impacto directo en la cohesión social y el desarrollo económico, UGT-PV, CCOO PV y la CEV instan a todas las fuerzas políticas a abandonar posiciones maximalistas y a asumir un ejercicio de responsabilidad institucional. A su juicio, el debate debe centrarse en el interés general y en el bienestar de la ciudadanía. Esto debe estar por encima de cualquier cálculo partidista.
Los agentes sociales confían en que el debate parlamentario y el diálogo con las comunidades autónomas sirvan para perfeccionar el sistema y alcanzar consensos. Desde la solidaridad interterritorial, quieren garantizar un trato justo y equitativo a todas las comunidades autónomas.
En el caso de la Comunitat Valenciana, subrayan que cualquier reforma debe partir del reconocimiento explícito de su infrafinanciación estructural, acreditada por datos e informes técnicos. De lo contrario, advierten, se consolidarían desigualdades que lastran la competitividad económica, la cohesión social y la calidad de los servicios públicos.
