Compromís y el PSPV en el Ayuntamiento de València han exigido a la alcaldesa, María José Catalá, el cese y la expulsión de la concejala de Vox Cecilia Herrero tras conocerse que la Fiscalía ha solicitado tres años de cárcel por difundir en redes mensajes racistas y homófobos. Además, las dos formaciones han elevado la presión y han reclamado que la regidora sea apartada de sus funciones de gobierno de forma inmediata.
La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha sostenido que no cabe otra decisión que retirar a Herrero del ejecutivo municipal. Además, ha considerado que la medida llega tarde después de meses en los que, a su juicio, la alcaldesa ha protegido a la edil. La formación ha señalado además a Juanma Badenas, concejal del gobierno local, al que sitúa como instigador de odio y que está investigado por la UCO. Finalmente, ha recordado que su despacho ha sido registrado por los contratos de València Activa.
Dañado la imagen del gobierno
Compromís ha enmarcado estas críticas en una cadena de episodios que, según su relato, han dañado la imagen del gobierno. Para apoyar esto, cita que Herrero y Badenas se ausentaron en una escapada romántica mientras la ciudad afrontaba las consecuencias de la DANA. Para la coalición, Catalá ha encubierto estos comportamientos y ha mantenido a ambos en sus puestos pese a las advertencias.
Presión política sobre Catalá
El PSPV ha coincidido en exigir el cese fulminante de Herrero y ha pedido a la alcaldesa que reclame también su dimisión. Su portavoz, Borja Sanjuan, ha argumentado que no se puede mantener a una concejala con competencias de gobierno cuando la Fiscalía le ha pedido tres años de prisión por sus mensajes en redes, que la oposición considera racistas y homófobos.
La petición de la Fiscalía ha reforzado la ofensiva de los grupos opositores y ha colocado el foco en la responsabilidad política del equipo de Catalá. Por otro lado, el caso ha reavivado el debate sobre los límites del discurso en redes sociales y ha puesto en cuestión la idoneidad de que Herrero continúe en el ejecutivo mientras se dirime su situación judicial.
Según Compromís, en menos de tres años de mandato de PP y Vox la ciudad ha acumulado polémicas que afectan a dos miembros del gobierno local. Una concejala a la que el Ministerio Público le ha pedido tres años por delitos de odio tras su denuncia y un edil investigado por corrupción. Además, la coalición ha subrayado que estos hechos han erosionado la confianza en la gestión municipal.
Exigir responsabilidades
A la espera de que el Ayuntamiento mueva ficha, la oposición ha advertido de que insistirá en exigir responsabilidades y en reclamar cambios inmediatos en el ejecutivo. Por tanto, el desenlace ha quedado en manos de la alcaldesa, cuya decisión ha de marcar el rumbo político en los próximos días.
