El ex secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, ha negado ante la jueza que investiga la gestión de la DANA de 2024 haber informado al entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, de la consulta elevada por la consellera de Interior, Salomé Pradas, sobre la posibilidad de decretar un confinamiento por las riadas.
Según fuentes conocedoras de su declaración como testigo, García ha asegurado que no comentó con Mazón la sugerencia de Pradas, que no conocía su postura y que la consellera no le trasladó entonces si había intentado contactar con el president. Aquel día, sin embargo, Pradas trató sin éxito de hablar con Mazón antes de recurrir a él, un extremo que, de acuerdo con el ex alto cargo, no formó parte de su conversación.
Llamada de Pradas a García
La tarde del 29 de octubre de 2024, Pradas llamó a García a las 19:36 y a las 19:43. En la primera comunicación le expuso la posibilidad de que colapsara la presa de Forata y que se estudiaba el confinamiento de toda la provincia de Valencia; en la segunda insistió en esa idea. García ha explicado que, en ambas ocasiones, le instó a elevar la cuestión a la Abogacía de la Generalitat para disponer de un criterio jurídico claro.
El ex secretario de Presidencia ha añadido que era reticente a una medida de confinamiento general porque implicaría limitar derechos fundamentales y porque había áreas del territorio que no estaban afectadas por el riesgo derivado de la presa. En este marco, ha sostenido, la proporcionalidad y el ajuste territorial resultaban determinantes para cualquier decisión excepcional.
Tras esas conversaciones, García ha señalado que se puso en contacto con el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) para que estuviera preparado por si finalmente había que publicar una resolución de confinamiento. Se trató, según su versión, de un movimiento preventivo para ganar tiempo ante un escenario cambiante.
Cadena de decisiones bajo presión
Un mes después de los hechos, la jueza solicitó a la Abogacía de la Generalitat un informe sobre posibles consultas, verbales o escritas, realizadas por altos cargos durante el episodio de inundaciones y barrancadas del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. El documento ya incorporado a la causa señala que no constan consultas por escrito de Justicia, Medio Ambiente o Presidencia, aunque esa tarde sí se recibieron varias llamadas telefónicas breves.
Entre ellas, la del entonces subsecretario de Justicia e Interior, Ricardo García, quien preguntó al abogado coordinador de su área si un eventual confinamiento tendría soporte jurídico. La respuesta fue afirmativa y se indicaron los preceptos en los que podría fundamentarse, por lo que la Abogacía avaló la viabilidad legal de esa medida.
También figuran las comunicaciones del propio Cayetano García con el abogado general de la Generalitat, a quien avisó de que la consellera podría requerir un informe si fuese necesario dictar alguna resolución relacionada con un confinamiento.
Después de esas llamadas, la Abogacía no recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbal ni por escrito. De ese modo, la posibilidad de un confinamiento quedó en el plano exploratorio y no se formalizó, pese a la preparación del DOGV para una eventual publicación.
Alcance y contexto de la DANA
La magnitud del temporal y la amenaza sobre la presa de Forata explican que se valorase una restricción de movimientos de alcance provincial, una medida extraordinaria que exige motivación y cobertura legal específicas. Al mismo tiempo, la existencia de zonas no afectadas hacía necesario ponderar un abordaje selectivo, coherente con el principio de proporcionalidad citado por García.
El propio ex secretario ha subrayado que no era habitual recibir llamadas de quienes no lograban contactar con el president, lo que ilustra la tensión operativa de aquella tarde. La preferencia por consultas telefónicas, y no por escrito, apunta además a la urgencia con la que se tomaron decisiones preliminares, un extremo que ahora se examina en sede judicial para delimitar cómo se adoptaron las decisiones y quién fue informado en cada momento.
