La Audiencia de Valencia juzga este lunes al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado ‘yonqui del dinero’, al exgerente de una fundación pública y a tres empresarios por presuntos amaños de contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de València, en la pieza E del caso Imelsa.
El tribunal examina un supuesto esquema que, según la acusación, combinó el pago de sobornos con decisiones administrativas orientadas a dirigir adjudicaciones hacia empresas determinadas. La causa se centra en cómo se gestionaron servicios y obras vinculados a la actividad cultural municipal y en la participación de responsables de la Fundación Jaume II El Just.
Petición de seis años y seis meses de prisión
Benavent se enfrenta a una petición de seis años y seis meses de prisión por delitos continuados de cohecho y malversación de caudales públicos, además de prevaricación administrativa. La Fiscalía sostiene que aceptó dádivas y favoreció a terceros mediante resoluciones injustas, con un perjuicio para el erario.
Penas y responsabilidades solicitadas
Junto a Benavent, Anticorrupción acusa a Vicente Burgos Antón, exgerente de la Fundación pública Jaume II El Just, para quien solicita cinco años de prisión. La acusación afirma que permitió que Benavent cobrara durante años un salario público sin funciones reales mientras realizaba tareas para el Partido Popular, lo que encajaría en un desvío de recursos de la fundación.
La Fiscalía también dirige cargos contra tres empresarios —Enrique Aleixandre Chumillas, Carlos Vicent Gil y Carlos Turró Homedes— por cohecho activo, al atribuirles pagos destinados a asegurarse la adjudicación de contratos públicos. Para cada uno solicita tres años de prisión, una multa de 29.000 euros y penas de inhabilitación.
Contratos investigados
Entre los contratos investigados figuran el de limpieza y restauración de la Lonja de València, las obras de limpieza y consolidación de las Torres de Quart y contrataciones vinculadas a la XXVII Mostra de València, organizada por la Fundación Municipal del Cine.
Se trata de servicios de conservación patrimonial y de un evento cultural que movilizan recursos públicos, por lo que cualquier trato de favor tendría un impacto directo en la competencia y en la calidad de las prestaciones.
Reclamación económica
Además de las penas de prisión, el Ministerio Público solicita el decomiso de 29.000 euros procedentes de comisiones ilícitas y reclama una responsabilidad civil conjunta de 164.626 euros a Benavent y Burgos por el desvío de fondos en la Fundación Jaume II El Just. Estas medidas buscan retirar el beneficio obtenido ilegalmente y resarcir el daño causado a las arcas públicas.
El juicio abre la fase oral de una pieza que pretende aclarar cómo se adjudicaron esos contratos y cuál fue el alcance del presunto desvío de fondos. La resolución que adopte la Audiencia determinará si se imponen las penas e inhabilitaciones solicitadas o si procede la absolución de los acusados.
