La Abogacía de la Generalitat ha confirmado en sede judicial que dio el visto bueno al posible confinamiento de la población durante la DANA, según declaró como testigo el coordinador en la Conselleria de Justicia, Ignacio Lleó, en la causa penal abierta por la gestión del episodio.
Lleó ha explicado que recibió una llamada del subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, entonces Ricardo García, alrededor de las 20:45 del 29 de octubre de 2024 para consultar la viabilidad jurídica de un confinamiento.
Ha recordado que se le trasladó que la presa de Forata estaba en una situación extrema y que se valoraban medidas como el confinamiento o traslados forzosos de población. No se le requirió un informe escrito, solo una constatación verbal sobre la cobertura legal.
El testigo ha subrayado que la protección de la vida como bien supremo prevalece sobre otros derechos, por lo que sí era posible aplicar confinamientos o traslados forzosos en ese contexto. En términos jurídicos, ello supone que, ante un riesgo grave e inminente para la población, pueden adoptarse restricciones de movimientos con base en la seguridad pública y la integridad de las personas.
Llamadas y cobertura legal
Ha asegurado que no sabe cómo obtuvo el subsecretario la información sobre el estado de la presa de Forata ni sobre las medidas que estudiaba el Cecopi, el órgano de coordinación operativa.
En la causa penal consta un informe de la Abogacía de la Generalitat que indica que ningún alto cargo de las consellerias de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia consultó nada por escrito, aunque en la tarde del 29 de octubre de 2024 sí se recibieron llamadas telefónicas de corta duración relacionadas con la DANA, que causó 230 víctimas mortales.
Este intercambio telefónico apunta a que las opciones se evaluaban con premura y por canales ágiles mientras se seguía la evolución del episodio.
En concreto, se recoge la llamada entre el subsecretario de Justicia e Interior, entonces Ricardo García, y el abogado coordinador en esa Conselleria, Ignacio Lleó. Por otra parte, el exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, llamó al abogado general de la Generalitat, Álvaro Martínez, para avisarle de la posibilidad de que la consellera de Justicia e Interior, en aquel momento Salomé Pradas, una de las dos investigadas en la causa, contactara con la Abogacía si resultaba necesario dictar alguna resolución o disposición que requiriese informe jurídico sobre un eventual confinamiento.
El abogado general manifestó su disponibilidad para actuar en caso de ser requerido.
No se recibió ninguna petición de informe
Después de esas llamadas no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente ni por escrito, según el citado informe. En la práctica, el visto bueno quedó como un respaldo preventivo para un posible confinamiento que no se llegó a formalizar en una resolución específica.
