Una jueza de Paterna ha tomado declaración este lunes a Carolina Martínez, nieta del concejal socialista José Manuel Murcia Martínez, en la causa abierta por su denuncia por asesinato y desaparición forzada del abuelo, fusilado en noviembre de 1939.
La diligencia, practicada en el Juzgado de Instrucción número 5, se centra en reconstruir los hechos y en delimitar posibles responsabilidades. Además, este paso mantiene viva la vía penal mientras se explora también la reparación prevista por la Ley de Memoria Democrática.
Durante el interrogatorio, la magistrada y la fiscal recabaron recuerdos y testimonios familiares sobre la detención, desaparición y posterior fusilamiento del edil. Además, fue concejal de Agricultura en Ayora, militante socialista y de la UGT.
Tenía 47 años cuando fue ejecutado el 6 de noviembre de 1939 en el paredón de Paterna. Sus restos quedaron en una fosa común del cementerio de la localidad hasta su exhumación en 2018. Posteriormente, este proceso permitió, tres años después, su identificación mediante ADN tras exhumar los restos de una hija para la comparación genética.
Una querella para conocer la verdad
La querella, presentada por Martínez en mayo de 2024, persigue, según recoge el escrito, ‘conocer la verdad de lo sucedido, determinar los responsables directos e indirectos y, en su caso, procesarles‘.
Con este movimiento judicial, la familia pretende que la investigación aporte un relato documentado de los hechos. Además, buscan que se depuren eventuales responsabilidades individuales si las hubiera.
La apertura de diligencias implica, además, la posibilidad de incorporar pruebas, como testimonios o documentos. Estos elementos pueden reforzar la cronología y el contexto de la represión sufrida.
Recorrido penal
El recorrido penal, sin embargo, se enfrenta a obstáculos evidentes por el tiempo transcurrido. La fiscal delegada de Memoria Democrática y Derechos Humanos en la Fiscalía Provincial de Valencia, Susana Gisbert, ha señalado que, en causas de esta naturaleza, es muy difícil, prácticamente imposible, hallar a un responsable que siga con vida. Además, la investigación puede resultar poco práctica desde el punto de vista procesal, una circunstancia que condiciona las expectativas de un eventual enjuiciamiento.
Reparación moral al amparo de la ley
Gisbert advierte, además, de que ‘Tampoco es el proceso adecuado para establecer una condena a un régimen, pero la Ley de Memoria Democrática contempla que los familiares de represaliados puedan obtener reparación a pesar de que el procedimiento penal sea finalmente sobreseído bien por prescripción o por la Ley de Amnistía; aunque no existen demasiados precedentes de esto’.
En ese marco, la vía judicial puede concluir con un auto o resolución motivada que, sin juicio previo, califique los hechos como asesinato o ejecución injusta. Además, reconoce oficialmente el daño.
En el caso de la familia, que ya ha recuperado e identificado los restos del concejal, esa resolución operaría como una ‘reparación moral‘, que ‘es lo que buscan la mayoría de familiares’. Por tanto, la aspiración es un reconocimiento público y jurídico de lo ocurrido y una reparación simbólica que cierre un ciclo abierto desde 1939.
