El Gobierno ha aprobado un decreto ley que permite topar los precios de bienes y servicios cuando se declaren situaciones de emergencia, con el objetivo de evitar subidas abusivas y proteger a los consumidores. La iniciativa se dirige a escenarios excepcionales en los que se altera el equilibrio entre oferta y demanda y se han denunciado incrementos repentinos de tarifas.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una norma que deberá ser tramitada por el Parlamento. El propósito es introducir referencias objetivas y temporales que sirvan de límite inmediato cuando se active una emergencia, de modo que el mercado no traslade de forma súbita a los usuarios aumentos que no responden a costes reales.
Cómo funcionará el tope
La medida propone prohibir elevar los precios por encima del máximo registrado en los últimos 30 días ni superar en más de un 50 % el precio medio de ese mismo periodo. Con estas referencias se busca cortar picos especulativos, anclar las expectativas de los operadores y ofrecer a los consumidores un umbral claro durante el tiempo que dure la emergencia.
El decreto ley habilita al Gobierno para obligar a los comercializadores a informar al consumidor del precio medio y del precio máximo ofertados, al menos, en los 30 días previos a la declaración de emergencia. Esta transparencia permite comparar con rapidez y detectar desviaciones injustificadas.
La norma también incorpora criterios de flexibilidad para no tensionar la oferta. Permitirá incrementos del precio cuando estén objetivamente justificados por un aumento acreditable de costes o si resultan necesarios para introducir nueva oferta que mitigue la escasez, siempre que ello no suponga un aumento de márgenes para el operador. En bienes o servicios con marcada estacionalidad se puede tomar como referencia el precio del mismo periodo del año anterior, actualizado conforme al IPC, para que el tope refleje patrones de consumo previsibles.
Además, los consumidores tendrán derecho a la devolución automática de cualquier importe cobrado en exceso sobre el precio máximo aplicable, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador cuando corresponda. Con esta devolución se cierra el círculo de protección: se disuade el abuso y se repara al afectado.
Activación y excepciones
La limitación de precios se podrá activar junto a una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, o en otros supuestos como accidente, emergencia técnica, fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a las personas usuarias. Estas situaciones se determinarán mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, que deberá precisar, como mínimo, una fecha de inicio y de fin para los servicios o productos afectados y la referencia aplicable para limitar precios.
El Ejecutivo ha justificado la medida por los abusos denunciados tras episodios recientes. Entre los casos citados figuran el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que provocó un aumento de precios en aerolíneas, los incendios del pasado verano o la dana de Valencia. Estas situaciones generaron picos de demanda sobrevenidos y reducciones puntuales de oferta, un terreno fértil para que algunos operadores intentaran repercutir subidas que no respondían a costes, sino a la urgencia de los usuarios.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha recalcado que el objetivo es ‘impedir que se pueda hacer caja en situaciones que explotan la vulnerabilidad de la ciudadanía’, como ocurrió tras el accidente ferroviario de Adamuz con incrementos ‘desproporcionados o abusivos’ de precios en transportes alternativos. ‘Estos incrementos no se deben a un incremento de costes operativos o de funcionamiento sino para extraer el mayor beneficio posible a costa de la ciudadanía’, ha dicho, y ha criticado que en ocasiones el mercado funcione ‘sin escrúpulos‘, ‘a libre albedrío y desprovisto del interés común o general‘.
Este decreto ley complementa la modificación que se hizo tras la dana a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que afectó a los precios de vehículos VTC o al alquiler de un alojamiento de forma ‘online’. Con el nuevo esquema, el Gobierno ha articulado un mecanismo que combina límites claros, información obligatoria y criterios de flexibilidad para asegurar que, en emergencias, la protección del consumidor prevalezca sin estrangular la oferta.
