La jueza que instruye en Catarroja la causa penal sobre la gestión de la DANA ha requerido al policía nacional que actuaba como escolta de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024 la factura de su teléfono móvil, con el fin de acreditar la hora exacta en la que el entonces president de la Generalitat prescindió de sus servicios antes de almorzar con la periodista Maribel Vilaplana.
Según una providencia hecha pública este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la instructora quiere documentar la llamada que el escolta realizó a su superior alrededor de las 14:30 para comunicar que Mazón prescindía de la escolta.
Esa verificación pretende aportar un hito temporal objetivo a partir del cual ordenar el resto de actuaciones incluidas en el procedimiento.
Cronología y cotejo de comunicaciones
En paralelo, la jueza ha incorporado a la causa un documento aportado por el entonces director general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla, titulado ‘resumen de incidencias‘, que este remitió a Silvia Soria, jefa de gabinete de la entonces consellera Salomé Pradas, a las 10:58 horas del 29 de octubre. La pieza añade una referencia horaria de la mañana que la instructora busca contrastar con otros registros.
Para ello, ha pedido a la letrada del juzgado que coteje ese mensaje con el teléfono móvil de Martín Moratilla y que verifique quiénes formaban parte de un grupo de Whatsapp denominado ‘Equipo Salomé P.T.’ durante los días 28 y 29 de octubre de 2024. Conocer la composición del grupo en esas fechas y la trazabilidad del envío permite delimitar qué responsables tuvieron acceso a la información compartida y en qué momento, sin necesidad de depender únicamente del recuerdo de los testigos.
Además, y atendiendo a la testifical de este alto cargo, la magistrada le pregunta si aporta voluntariamente la factura del teléfono con el que llamó la mañana del 29-O a responsables de los bomberos forestales, a Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico de Emergencias, y a Jorge Suárez, subdirector de Emergencias. Con esas facturas detalladas, la letrada podría asentar, mediante diligencia de cotejo, la hora exacta y la secuencia de las comunicaciones realizadas, cruzándolas con los demás documentos ya allegados.
En conjunto, las diligencias acordadas buscan fijar una cronología verificable de llamadas y mensajes que ayude a reconstruir la toma de decisiones durante las horas clave de la DANA y a precisar qué interlocutores participaron en cada tramo de la gestión.
