La comunidad educativa de la Comunitat Valenciana ha registrado una Iniciativa Legislativa Popular para exigir una norma que regule de forma obligatoria la climatización sostenible y el confort térmico en los centros educativos públicos. La propuesta persigue la aprobación de un Plan Integral Sostenible de Confort Térmico que establezca un marco legal estable ante el incremento de episodios de calor extremo y las deficiencias detectadas en numerosos edificios escolares.
El grupo promotor, integrado por representantes de las AMPA y equipos directivos, advierte de que el aumento de temperaturas derivado del cambio climático está afectando gravemente a muchos centros, especialmente durante el curso escolar. También señalan que en invierno se registran condiciones ambientales inadecuadas por problemas de aislamiento, ventilación y mantenimiento, tanto en edificios antiguos como en algunos de reciente construcción.
Según defienden, esta situación repercute directamente en la salud y el rendimiento académico del alumnado, así como en las condiciones laborales del personal docente y no docente.
“La realidad es que muchas aulas alcanzan temperaturas insoportables en verano, lo que perjudica gravemente el aprendizaje y la salud del alumnado”, afirma Rubén Pacheco, portavoz de la iniciativa, quien subraya que “no es un problema aislado, sino estructural: edificios mal aislados, instalaciones antiguas y falta de mantenimiento”.
Desde el colectivo insisten en que la normativa de prevención de riesgos laborales ya establece la obligación de garantizar condiciones adecuadas en los espacios de trabajo, y vinculan la iniciativa al derecho del alumnado a un entorno educativo seguro y saludable.
“Exigimos un marco legal estable y planificado que garantice condiciones adecuadas en todos los centros, con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y uso de energías renovables”, señala Josep Lluís Peris.
El plan propuesto contempla planificación obligatoria, eficiencia energética, uso de renovables, mantenimiento continuado, participación de la comunidad educativa y equidad territorial.
“No estamos pidiendo un lujo, sino lo mínimo imprescindible para garantizar la salud y el derecho a estudiar en condiciones dignas”, ha declarado Elisabet Martínez.
El grupo promotor espera que Les Corts admitan la iniciativa a trámite para iniciar la recogida de firmas. “Esperamos que Les Corts admitan a trámite la ILP porque son muchas las familias que colaborarán en la recogida de firmas para climatizar las aulas”, destaca Denisse Ayala.
Declaración colectiva de los equipos directivos
En paralelo al registro de la iniciativa, 660 miembros de equipos directivos de centros públicos de la Comunitat Valenciana han hecho público un manifiesto conjunto en el que reclaman mejoras estructurales para la escuela pública.
En ese texto, los firmantes explican que su objetivo es “visibilizar las necesidades reales de la escuela pública valenciana y reclamar mejoras urgentes y estructurales que garanticen una educación pública de calidad, inclusiva, democrática y con recursos suficientes para atender al conjunto del alumnado”. Asimismo, presentan el documento como “una declaración colectiva” dirigida a la Generalitat y a la Conselleria de Educación para trasladar propuestas que permitan fortalecer la escuela pública y mejorar de manera sostenible las condiciones educativas y laborales del sistema.
El manifiesto se plantea, por tanto, como una iniciativa coordinada de los equipos directivos para situar en la agenda institucional las necesidades estructurales de los centros públicos.
