El propietario de APD Security, Antonio Plana, será juzgado este viernes, 13 de febrero, en València por un presunto delito de amenazas al portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, en una vista que llega después de dos intentos previos que no pudieron celebrarse el pasado otoño.
El origen del caso se sitúa en una concentración celebrada el 24 de julio en apoyo de María Jesús Plaza, una vecina de 60 años del barrio del Carmen que asegura sufrir “acoso” y “coacciones” para abandonar el edificio en el que ha residido toda su vida. El inmueble, según ha explicado, lo compró en 2020 un fondo de inversión y desde 2022 ella es la última inquilina que permanece en la finca.
Según ha relatado el propio diputado, cuando intentó acceder a la vivienda para hablar con la inquilina, la empresa había establecido un “control de puerta” y no le dejaron entrar en un primer momento, aunque finalmente accedió acompañado de un policía. A la salida se produjo un forcejeo entre manifestantes y miembros de la empresa, en el que, según la denuncia, uno de ellos le cogió del brazo y le agredió.
Ibáñez sostiene que, tras advertir que iba a denunciar lo ocurrido, recibió amenazas directas: “Le dije que estaba haciendo una agresión a la autoridad y que le iba a denunciar y me dijo que si hacía eso iba a tener consecuencias, que sabía donde vivía y que iban a ir a por mí y a por mi familia”.
Por su parte, Antonio Plana ha admitido que intentó impedir la entrada del diputado en el “control de acceso”, aunque niega cualquier agresión o forcejeo y también rechaza haber proferido amenazas. En su versión, Ibáñez le llamó “nazi” durante el encontronazo.
El juicio de este viernes será el tercer señalamiento, después de los intentos fallidos del 21 de octubre y el 2 de diciembre.
