La Policía Local de València ha interpuesto 276 denuncias en el marco de una campaña específica para perseguir la actividad de los aparcacoches ilegales, conocidos como gorrillas, desarrollada entre el 2 y el 9 de febrero.
El dispositivo, iniciado este mes, se mantiene activo hasta el 15 de febrero con controles intensivos en los puntos de mayor presencia detectada.
Según detalla el Ayuntamiento, las denuncias se han formulado por “infracción grave”, conforme al artículo 124 de la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de València, que considera infracción “la ordenación del estacionamiento, la reserva de espacio y los cortes de la circulación efectuados por los particulares sin autorización expresa”.
Campanar, el distrito con más sanciones
La comisaría de Campanar es la que ha registrado más actuaciones, con 62 sanciones, seguida de Russafa, con 43, mientras que la USAP ha interpuesto 55 denuncias. Cada comisaría de proximidad ha centrado la campaña en las zonas con mayor incidencia de esta práctica, donde se ha intensificado la vigilancia.
El concejal de Policía Local, Jesús Carbonell, ha explicado que “el objetivo de esta campaña es perseguir esta práctica ilegal en las calles de la ciudad y la prevención de la delincuencia que en ocasiones se asocia a esta actividad y que preocupa a los vecinos”.
Un plan que se extenderá durante todo el año
Carbonell ha señalado que “estas campañas se realizarán a lo largo del año y se enmarcan dentro del plan de actuación para atajar esta actividad y la delincuencia en la ciudad, que ya comenzó a dar sus frutos con la reducción de los índices delictivos con la llegada del nuevo equipo de gobierno de María José Catalá con reducción de aquellos delitos que más preocupan a los ciudadanos como son los robos en comercios y domicilios, así como hurtos. Es evidente, y los datos así lo confirman, que se han reducido los índices delictivos frente a la escalada de delincuencia en los ocho años de gobierno del Rialto”.
Durante los controles, los agentes identifican a los aparcacoches ilegales y, cuando constatan la realización de la actividad, proceden a la correspondiente denuncia administrativa.
