La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha acordado pedir a Telegram, mediante una orden europea de investigación en Bruselas, y a WhatsApp, vía comisión rogatoria a Estados Unidos, los mensajes de José Manuel Cuenca del 29 de octubre de 2024.
La decisión, hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, llega después de que la semana pasada la Guardia Civil remitiera un informe detallando las dificultades para recabar esas comunicaciones por las vías habituales.
Con esta medida, el juzgado busca asegurar la obtención directa de los contenidos y registros vinculados a esa fecha clave.
Cooperación internacional para acceder a los chats
La orden europea de investigación y la comisión rogatoria son mecanismos de auxilio judicial que permiten solicitar datos a plataformas con actividad y servidores fuera de España. En este caso, la magistrada reclama a Telegram desde Bruselas y a WhatsApp en Estados Unidos la información que pueda existir sobre la cuenta de Cuenca relativa al 29-O.
José Manuel Cuenca fue jefe de Gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat, y sus mensajes pueden resultar relevantes para reconstruir el intercambio de instrucciones, avisos o coordinaciones que se produjeron ese día. La petición pretende clarificar el flujo de comunicaciones en un momento en el que se analizan decisiones adoptadas durante la gestión de la DANA.
Estas diligencias no prejuzgan el fondo del asunto, pero amplían el alcance de la investigación al dirigirse directamente a las compañías para superar los obstáculos técnicos descritos por la Guardia Civil. Si las plataformas colaboran, el juzgado podrá contrastar la cronología de los contactos y completar el análisis de lo sucedido el 29-O.
Citación como testigos policías autonómicos
En la providencia, la jueza también ha acordado citar como testigos a los policías autonómicos que estaban de servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat el 29 de octubre de 2024, así como a dos operarios de la presa de Buseo que estaban de servicio en la misma los días 29 y 30 de octubre.
CHJ
En otro auto, la magistrada desestima la petición formulada por una acusación particular para la práctica de diversas diligencias de investigación relacionadas con la presa de Forata y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Considera que no existe «relación de causalidad alguna con ninguno de los fallecimientos, ni tampoco con las lesiones que se investigan», pues dicha presa «no colapsó, no rebasó por coronación, no sufrió rotura alguna ni ocasionó su funcionamiento fallecimiento o lesión alguna».
«El oficio a la CHJ en el que se solicita un informe sobre la condición de infraestructura crítica del embalse y presa de Forata no es procedente. Si no hubo ningún tipo de repercusión mortal ni lesiva de la presa, carece de sentido dicha diligencia como las restantes a las que se refiere como diligencia segunda prueba», señala.
La jueza indica que «la falta de adopción de medidas destinadas a alertar y proteger a la población fue el elemento determinante de la alta mortalidad durante la dana», y afirma que la prueba interesada «carece de vínculo con dicha petición».
«En una incomprensible disquisición jurídica y otra de menor duración, en este caso lingüística, no se adoptaron dichas medidas con la prontitud necesaria. Resulta incomprensible, porque ante una situación de riesgo extremo, como la que se estaba desarrollando, se perdía el tiempo buscando asesoramiento jurídico para decidir si la actuación estaba amparada por la Ley, se supone que ante el temor de violar algún derecho fundamental que esta juez todavía no acierta a discernir», manifiesta en el auto.
