José Luis Ábalos ha pedido a la Mesa del Congreso que reconsidere su negativa a concederle la indemnización por cese como exdiputado, al denunciar una vulneración ‘flagrante’ de sus derechos. La solicitud plantea un nuevo examen del acuerdo que le negó ese cobro y busca que la Cámara delimite qué derechos conserva un parlamentario cuando está suspendido y deja el escaño.
La Mesa desestimó el 10 de febrero la petición al considerar que Ábalos se encontraba suspendido de derechos y obligaciones en el momento de su renuncia. La decisión se basó en un informe de los servicios jurídicos y afectaba a una cuantía que, en su caso, rondaría los 52.000 euros, identificada como indemnización vinculada a las pensiones parlamentarias.
El exministro, en prisión por su presunta implicación en el caso Koldo, ha anunciado en su cuenta de X que ha solicitado esa reconsideración al entender que se han vulnerado sus derechos pasivos ‘sin justificación alguna y sin cobertura legal’. A su juicio, la Cámara le habría denegado un derecho que no depende de la asistencia a la actividad ordinaria del Congreso.
El alcance de la suspensión
En su escrito, defiende que la suspensión no debe extenderse a toda la percepción económica, sino únicamente a los conceptos estrictamente vinculados a la asistencia o a la actividad parlamentaria. Por eso distingue entre retribuciones ligadas al escaño y otros conceptos, como las cotizaciones a la Seguridad Social, que a su entender no quedarían comprendidos. Añade que, si la suspensión llegara a dejarse sin efecto por una resolución favorable, debería reintegrársele lo dejado de percibir con los intereses legales correspondientes.
Los letrados del Congreso, sin embargo, señalaron que en el momento de la renuncia Ábalos ya estaba suspendido de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de diputado. Sobre esa base, concluyeron que no procedía la indemnización de pensiones parlamentarias y recordaron que ningún miembro suspendido de la Cámara la había recibido en situaciones anteriores.
Además, el criterio de la Mesa ha venido siendo que los acuerdos de suspensión abarcan la totalidad de los derechos y prerrogativas. De ahí que, según subrayaron, no resulte razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad a esa renuncia.
La petición de Ábalos obliga ahora a la Mesa a pronunciarse de nuevo. Si prospera, podría reabrir el debate sobre el alcance de las suspensiones y sobre qué conceptos económicos quedan afectados; si es rechazada, consolidará la interpretación que deja sin indemnización a los diputados que renuncian estando suspendidos.
