El inicio de 2026 deja un balance estremecedor: diez mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y dos menores víctimas de crímenes vicarios. En seis de esos asesinatos constaban denuncias previas, la mayoría presentadas por las propias víctimas, lo que vuelve a poner el foco en la eficacia de las medidas de protección. A ello se suma un nuevo caso en Sarriguren (Valle de Egüés, Navarra), donde fue detenido un hombre acusado de matar a su mujer con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre; de confirmarse como violencia machista, el cómputo de mujeres asesinadas desde 2003 ascendería a 1.353. Tras cerrar 2025 con 48 víctimas mortales, el dato más bajo de la serie, el país encadena uno de los peores arranques de año que se recuerdan.
Seis de cada diez casos tenían denuncias previas
En seis de los diez asesinatos registrados en lo que va de año, el 60 %, existían denuncias previas: cinco interpuestas por las víctimas y una por terceras personas. En 2025 ese porcentaje fue del 20,8 % (10 de 48 agresores), una diferencia que subraya el desajuste entre el riesgo detectado y la respuesta. Algunas víctimas estaban incluidas en VioGén o contaban con órdenes de alejamiento, pero los mecanismos fallaron y no lograron frenar a sus agresores.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha admitido que en ocasiones las evaluaciones de riesgo no se realizan con la profundidad necesaria y ha defendido aplicar mayor contundencia cuando se acuerdan medidas de alejamiento. ‘Debemos ser conscientes de que una medida de alejamiento que es insuficiente no protege adecuadamente y quizás tenemos que valorar que esas medidas de alejamiento tienen que ser de mínimo de entre 300 a 350 metros, ya que es lo que le va a permitir a la víctima que se ponga en contacto con su protector’.
Hasta el último crimen confirmado previo al suceso de Navarra, seis de las nueve víctimas mortales eran españolas (66,7 %) y tres extranjeras (33,3 %), la misma proporción que entre los detenidos. En un caso agresor y víctima mantenían una relación de pareja; en los otros ocho, se trataba de exparejas o relaciones en fase de ruptura, un momento especialmente crítico por el aumento del riesgo. Dos agresores se suicidaron después del crimen, por lo que no podrán ser juzgados.
Semana negra con víctimas en varias comunidades
La semana dejó un reguero de casos. El martes, Ana María Sorribas, enfermera de 64 años y madre de dos hijos, fue asesinada a cuchilladas por su expareja, Vicente G., odontólogo jubilado de 70 años, dentro del centro de salud de Benicàssim (Castellón). El agresor fue detenido en el lugar.
Un día después, el 17 de febrero, María José Bou, de 48 años, y su hija Noemí, de 12, fueron degolladas en su domicilio de Xilxes (Castellón) por Abdelkader B., de 39 años, que tenía una orden de alejamiento vigente hasta 2027 por episodios previos de maltrato. En una evaluación reciente a la madre se apreció riesgo medio. Tanto la mujer como la niña, igual que el agresor, tenían discapacidad auditiva. Tras ser detenido por quebrantar la orden de protección, fue acusado del doble crimen.
Noemí, primera víctima de violencia vicaria del año, estudiaba sexto de Primaria y recibía clases de música. Ese día no acudió ni al colegio ni a la clase, y el profesor envió un wasap a su madre que ya no obtuvo respuesta.
En Madrid, Petronila, madre de un joven de 19 años y de una niña pequeña, fue asesinada presuntamente por su expareja, un hombre de 34 años, también de origen paraguayo, el 18 de febrero. Cuando la Policía llegó a la vivienda, la mujer presentaba signos de estrangulamiento. El detenido confesó el crimen en comisaría.
El viernes, en Arona (Tenerife), un niño de 10 años fue asesinado por su padre, de 35, que le golpeó en la cabeza con un machete. Con la misma arma hirió de gravedad a la madre del menor, que permanece en estado crítico. El agresor, sin antecedentes penales ni denuncias previas, fue abatido por la Policía.
En Sarriguren, el suceso ocurrió en torno a las 19.30 horas: el hombre está acusado de matar a su mujer con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre. El caso permanece bajo secreto de sumario y por ahora no han trascendido más datos.
El impacto alcanza también a los hijos: en apenas un mes y medio de 2026, seis menores han quedado huérfanos por feminicidios, un recuento oficial que, desde 2013, suma 510 y no incluye a los mayores de edad.
A los feminicidios se añaden detenciones que evidencian el goteo de violencia y quebrantamientos. En Jadraque (Guadalajara) fue detenido un hombre por la agresión a una mujer incluida en VioGén con riesgo extremo. En Onil (Alicante) se arrestó a un joven de 24 años que se había fugado tras intentar asesinar a su pareja y a su suegra el 8 de enero en Calella (Barcelona); la hija continúa ingresada en muerte cerebral. En Lugo, otro hombre fue arrestado por violar una orden judicial que le prohibía acercarse a una mujer a la que acompañaba a urgencias. Y en Sant Antoni (Ibiza) permanece hospitalizada, con pronóstico reservado, la mujer agredida el domingo por su expareja, que tenía una orden de alejamiento.
El panorama que dibujan estos datos es claro: la violencia machista repunta en el arranque del año, con denuncias que no siempre activan una protección eficaz y con rupturas de pareja que elevan el riesgo. La prioridad inmediata pasa por afinar la valoración del peligro y asegurar que las medidas adoptadas se cumplen a tiempo y con la intensidad necesaria para evitar nuevos crímenes.
