El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha trasladado al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea la necesidad de una PAC post 2027 con financiación europea suficiente y un marco estable de reglas orientado a proteger las rentas agrarias.
Barrachina ha defendido que el modelo valenciano, con un fuerte componente exportador, necesita seguridad en el entorno comercial para sostener la actividad. “No tememos al comercio exterior, de hecho, somos exportadores”, ha indicado, al tiempo que ha insistido en que la apertura debe ser compatible con la defensa del productor si no se introducen cambios que generen incertidumbre.
En esa línea, ha recordado que el sector agroalimentario valenciano supera los 10.000 millones de euros exportados y ha pedido mantener la estabilidad en aranceles, normas y tratados. Según ha expuesto, esa estabilidad es “la condición para que el mercado no se retraiga y para que el agricultor y el ganadero puedan planificar”.
El conseller ha defendido una PAC “de verdad común”, con reglas iguales para todos y un presupuesto europeo que sostenga esas reglas. A su juicio, la financiación debe ser expresa y mantenerse o aumentar, evitando que el diseño de ayudas y respuestas dependa de la capacidad de cada Estado para aportar más o actuar antes.
Entre las prioridades que ha planteado, Barrachina ha reclamado que la PAC post 2027 incorpore de forma expresa la financiación del regadío en regiones mediterráneas, al considerar que la realidad productiva difiere por territorios. Como argumento, ha señalado: “Se ha inundado buena parte de Europa y, sin embargo, buena parte de la costa valenciana, de Murcia e incluso zonas dependientes del trasvase Tajo-Segura siguen necesitando riego”.
En el apartado de ayudas, el conseller ha pedido que se adapten a la estructura agraria valenciana y a la necesidad de mantener superficie cultivada. Ha defendido una definición de agricultor activo con rigor, pero sin expulsar a quienes siguen trabajando el campo, y ha advertido: “No se puede excluir a dos de cada tres agricultores de territorios como la Comunitat Valenciana de las ayudas de la política agraria común”, aludiendo al peso de explotaciones pequeñas y al envejecimiento del sector.
Barrachina ha puesto también el foco en el relevo generacional, que ha presentado como prioridad operativa en la Comunitat Valenciana. Ha señalado que ya se han presentado como proyectos empresariales viables más de 600 jóvenes dispuestos a incorporarse, y ha asegurado: “Estamos haciendo apuestas presupuestarias para que nuestros jóvenes se incorporen y sean nuevos agricultores y ganaderos”. Paralelamente, ha defendido que los agricultores jubilados que siguen cultivando y manteniendo parcelas no pueden quedar fuera del sistema por su contribución directa al territorio y a la continuidad de la actividad.
Respecto a los acuerdos comerciales, Barrachina ha reconocido que los tratados de nueva generación avanzan en la defensa del productor europeo y en la identificación de productos sensibles como el cítrico o el arroz. Sin embargo, ha advertido de que el reto está en la aplicación cuando hay daño de mercado. Ha citado el acuerdo con Sudáfrica y ha lamentado que el Gobierno de España no invocara las cláusulas de salvaguarda: “Quien falla es quien debe aplicar ese tratado”. En ese punto, ha defendido que las salvaguardas se activen de forma automática, cuando se superen umbrales medibles de precio o cantidad, para que la protección no dependa de una decisión política y llegue a tiempo. “Es un paso adelante que eso sea automático, que no dependa del Gobierno”, ha concluido.
