UGT Serveis Públics del País Valencià cuestiona la gestión de la Conselleria de Educación en el procedimiento sobre la jornada continua y pide la revisión de los proyectos desestimados. El sindicato sostiene que el proceso debía basarse en criterios pedagógicos y en garantías administrativas, pero, según defiende, ha derivado en la denegación de un número elevado de iniciativas presentadas por las comunidades educativas.
Desde la organización recuerdan que la jornada continua es un modelo organizativo con justificación pedagógica que, según sus defensores, busca mejorar la distribución de los tiempos escolares, favorecer la concentración del alumnado y facilitar la conciliación familiar. Además, subrayan que los proyectos han sido fruto de procesos participativos en los que han intervenido claustros, consejos escolares y familias.
Quejas por incidencias en el procedimiento
UGT afirma haber recibido quejas de centros que apuntan a posibles incidencias en la gestión del procedimiento, como comunicaciones fuera de plazo o requerimientos de corrección sin constancia escrita. Según explican, estas situaciones habrían dificultado la capacidad de respuesta de algunos equipos directivos.
El sindicato señala también que la participación de las familias en la vida escolar está reconocida en el artículo 27 de la Constitución y considera que la desestimación de proyectos aprobados por las comunidades educativas puede generar inquietud sobre el alcance efectivo de este principio.
A juicio del sector de Enseñanza de UGT, algunas denegaciones se han basado en cuestiones formales que, según sostienen, no afectaban al contenido pedagógico de los proyectos. Indican que centros que cumplían los requisitos y contaban con informes favorables han visto rechazadas sus solicitudes, lo que ha generado malestar en parte de la comunidad educativa.
Petición de explicaciones y revisión
La organización sindical añade que los equipos directivos han asumido una carga administrativa significativa en plazos ajustados y apunta que el desarrollo del proceso ha provocado dudas sobre los criterios aplicados.
Por ello, UGT pide explicaciones a la administración educativa, mayor transparencia en los criterios de valoración y, si procede, la revisión de las resoluciones adoptadas. El sindicato defiende que la organización escolar debe decidirse mediante procedimientos claros, participativos y con plenas garantías administrativas para todas las partes implicadas.
