La Generalitat ha presentado sus alegaciones al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica, incorporar criterios técnicos objetivos y garantizar un enfoque que compatibilice la protección ambiental con el desarrollo económico sostenible del litoral.
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha lamentado que la propuesta no se haya consensuado con las comunidades autónomas y ha defendido que un cambio “de este calado” requiere, como mínimo, una reunión formal con los territorios. Según ha indicado, la Generalitat conoció la modificación “de forma indirecta”.
En ese marco, García Manzana ha insistido en que, si el Ministerio sigue adelante con la reforma, esta debe “primar la seguridad jurídica, especialmente en los deslindes”. También ha subrayado que “no se puede ampliar el dominio público marítimo terrestre por un episodio extraordinario de oleaje”.
Recurso del Gobierno contra la ley valenciana de Costas
El director general ha expresado su preocupación por el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno contra la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, especialmente por la impugnación de la figura de los núcleos de valor etnológico prevista en la norma autonómica.
En este sentido, ha señalado que esta figura “permite salvaguardar a las personas que residen en enclaves con un patrimonio singular que merece protección específica”. Además, ha defendido que la ejecución de actuaciones de regeneración litoral todavía pendientes ayudaría a evitar nuevos deslindes que, según ha advertido, ponen en riesgo a estos núcleos costeros.
García Manzana ha añadido que la Generalitat mantiene su voluntad de entendimiento y ha indicado que, desde la convocatoria de la comisión bilateral, se han alcanzado consensos en cerca de una treintena de artículos.
Alegaciones: deslindes, sedimentos, concesiones y núcleos tradicionales
En el contenido de las alegaciones, la Generalitat reclama que el nuevo reglamento refuerce la seguridad jurídica en los deslindes y evite que un único episodio extraordinario suponga una ampliación automática del dominio público marítimo-terrestre, al tiempo que se mantenga la posibilidad de revisión “hacia el mar”.
El Consell también considera imprescindible incorporar una gestión integral de los sedimentos en las cuencas hidrográficas como parte de una política coherente para la protección del litoral.
En materia de concesiones, la Generalitat propone una regulación objetiva y diferenciada, con criterios tasados y una definición técnica precisa del concepto de ‘riesgo cierto’. Entre otras cuestiones, defiende la compatibilidad de usos económicos sostenibles, la adaptación de superficies y distancias conforme a la planificación territorial y el reconocimiento de las concesiones compensatorias como derechos con carácter indemnizatorio. Además, pide mantener el silencio administrativo positivo en las adscripciones a las comunidades autónomas.
Otro de los puntos centrales es el reconocimiento expreso de la singularidad de los núcleos urbanos tradicionales de valor etnológico y cultural situados en el litoral, con el objetivo de garantizar su conservación y mantenimiento dentro del dominio público marítimo-terrestre.
Asimismo, la Generalitat aboga por preservar las garantías vinculadas a los paseos marítimos y al planeamiento urbanístico, de manera que se reconozcan como línea de ribera los paseos construidos tras la Ley de 1988 y se mantenga la capacidad del planeamiento para autorizar usos compatibles en edificios ya existentes.
Por último, el Consell subraya la necesidad de reforzar la cooperación institucional mediante mecanismos reales de debate y consenso con las comunidades autónomas, con participación efectiva en comisiones bilaterales y sectoriales e incorporación de informes y posicionamientos autonómicos. Todo ello, con el objetivo de compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo económico sostenible, garantizando seguridad jurídica, transparencia administrativa y un equilibrio adecuado entre el interés público y los derechos de los ocupantes.
