La acusación popular que ejerce la Associació Víctimes de la DANA 29 de octubre de 2024 ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana obviar el aforamiento de Carlos Mazón y permitir que sea investigado en el juzgado de Catarroja por la gestión de la DANA.
La solicitud se enmarca en la causa penal abierta por la respuesta institucional al episodio del 29-O y busca que el procedimiento continúe donde se inició.
Según el escrito remitido al alto tribunal para adherirse a la exposición razonada elevada por la jueza instructora de Catarroja, la parte solicitante ha pedido que no se aplique el fuero del que el expresident sigue gozando por mantener el acta de diputado autonómico. La acusación sostiene que, de no aplicarse ese privilegio, la competencia para investigar se mantendría en el órgano judicial que abrió diligencias, evitando el traslado de la causa al TSJCV.
Debate sobre el alcance del aforamiento
La acusación recuerda una reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que rechazó el aforamiento del líder socialista regional Miguel Ángel Gallardo por adquisición sobrevenida, esto es, por haber obtenido la condición de aforado con posterioridad a los hechos investigados. A juicio de las víctimas, ese precedente refuerza que el fuero debe interpretarse de forma restrictiva y solo cuando existe una conexión directa entre los hechos y las funciones protegidas por el cargo.
En esa línea, argumentan que el aforamiento actual de Mazón deriva únicamente de su condición de diputado por Alicante y cubriría actuaciones vinculadas a su labor parlamentaria, algo que, subrayan, no se corresponde con los hechos objeto de la causa, centrados en la gestión de la emergencia. Añaden que el carácter excepcional del juez predeterminado por la ley exige valorar la inaplicabilidad del fuero cuando no existe relación funcional con la actividad parlamentaria.
Asimismo, la acusación plantea si la secuencia seguida por Mazón, al mantener la condición de diputado, puede apreciarse como un fraude de ley orientado a conservar de forma espuria el estatus de aforado. Con esa cuestión, buscan que el alto tribunal delimite si el fuero puede operar en supuestos en los que se habría adquirido o sostenido con posterioridad a los hechos.
Ahora, el TSJCV debe pronunciarse sobre la competencia y decidir si se aplica o no el aforamiento. Esa resolución marcará si la investigación continúa en el juzgado de Catarroja, donde comenzó, o si pasa al propio tribunal superior, condicionando los próximos pasos procesales de la causa.
