El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha recuperado 878.735,85 euros para las arcas públicas tras la subasta de dos apartamentos situados en Miami (Estados Unidos) que estaban embargados dentro de la ejecución de la sentencia del conocido Caso Cooperación.
La operación ha permitido ingresar 1.015.379,28 dólares, cantidad que ya ha sido transferida a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales después de que el Tesoro estadounidense realizara la transferencia el pasado viernes.
El dinero se destinará a liquidar las responsabilidades económicas derivadas de la pieza 1 de esta causa de corrupción, relacionada con el desvío de subvenciones públicas destinadas a proyectos de cooperación internacional.
Condenas por el desvío de fondos de cooperación
En esta pieza del caso fueron condenadas siete personas en 2015, entre ellas el exconseller de Inmigración y Ciudadanía Rafael Blasco, con penas que oscilaron entre dos y seis años y medio de prisión por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.
La investigación acreditó el desvío de fondos públicos destinados a mejorar las condiciones de vida de comunidades rurales en Nicaragua. Según las resoluciones judiciales, de los 1,6 millones de euros invertidos por la Generalitat Valenciana en los proyectos, solo llegó a su destino el 3% del dinero, concretamente 47.953 euros.
El 97% restante fue utilizado por los condenados para adquirir y reformar inmuebles en Valencia, según determinó la sentencia confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo.
Embargos para resarcir a la Generalitat
Para cubrir las responsabilidades civiles derivadas del caso, el tribunal ordenó el embargo de diversos bienes de los condenados.
Estas actuaciones ya habían permitido recuperar previamente 633.123,55 euros para la Administración autonómica. A esa cantidad se suma ahora el dinero obtenido con la subasta de los apartamentos de Miami, que eran propiedad de uno de los condenados, Augusto César Tauroni.
Con el objetivo de completar el reintegro de las cantidades pendientes, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV ha acordado solicitar al Tribunal de Cuentas que informe sobre la cuantía exacta que todavía queda por devolver a la Generalitat Valenciana en el marco de la ejecución de la sentencia.
