València aprueba una de las normativas más restrictivas de España para frenar los apartamentos turísticos

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La nueva regulación fija topes por barrio, distrito y manzana, limita las viviendas turísticas a bajos y primeras plantas y abre un año para facilitar su reconversión en uso residencial

El Ayuntamiento de València ha presentado a la Federación de Asociaciones Vecinales el texto definitivo de la nueva normativa de apartamentos turísticos, una regulación que el gobierno municipal sitúa entre las más restrictivas de España y que incorpora buena parte de las reclamaciones trasladadas por el movimiento vecinal.

La propuesta será elevada al Pleno municipal del 31 de marzo tras pasar por la Comisión de Urbanismo, con el objetivo de reforzar la convivencia, proteger la vivienda residencial y dificultar la apertura de nuevos alojamientos turísticos en la ciudad.

El concejal de Urbanismo y ViviendaJuan Giner, ha defendido que la nueva regulación recoge gran parte de las aspiraciones vecinales después de analizar las 117 alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública. Según ha explicado, muchas de las medidas reclamadas ya estaban previstas en el texto inicial y otras se han incorporado en la redacción definitiva.

Tres límites para contener la presión turística

La nueva normativa establece tres niveles de protección acumulativos que se aplicarán de forma simultánea en barrios, distritos y manzanas de toda la ciudad, salvo en Ciutat Vella, que ya dispone de una regulación específica a través de su propio plan especial.

El primer límite fija que las plazas turísticas totales no podrán superar el 8 % de la población empadronada en cada barrio y distrito. El segundo establece un máximo del 2 % de viviendas destinadas a uso turístico en cada barrio o distrito. El tercero protege el comercio de proximidad al limitar al 15 % la presencia de alojamientos turísticos en las plantas bajas de cada manzana.

A estas restricciones se suman nuevas condiciones para la implantación de apartamentos turísticos. Solo podrán situarse en planta baja o primera planta, siempre por debajo del uso residencial, deberán contar con acceso independiente desde la vía pública y necesitarán la autorización de tres quintos de la comunidad de propietarios.

Un año para favorecer la vuelta al uso residencial

La regulación incorpora además una disposición transitoria que abre un plazo de un año desde su entrada en vigor para facilitar la conversión de apartamentos turísticos en viviendas residenciales.

Esta vía contempla cuatro supuestos de acogida y establece condiciones más flexibles que las previstas con carácter general, con la intención de favorecer la reversión de parte del parque turístico hacia el uso habitacional.

Censo público e inspecciones contra la oferta ilegal

Otro de los ejes de la nueva regulación será la creación del Censo de Alojamientos Turísticos del Ayuntamiento de València (CATAV), que será de acceso público a través de la web municipal.

Junto a ello, el Ayuntamiento pondrá en marcha un plan específico de inspecciones para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas y clausurar los establecimientos que no dispongan de título habilitante municipal.

Con la aprobación definitiva de la norma quedará sustituida la moratoria para conceder nuevas licencias turísticas que el Pleno municipal aprobó en mayo de 2024 y amplió en enero de 2025.

Límites legales a las propuestas más duras

El edil de Urbanismo ha explicado que algunas de las peticiones planteadas no han podido incluirse porque exceden las competencias municipales o dependen de la normativa autonómica y estatal. Entre ellas figuran la limitación temporal de las licencias, su posible revocación o la regulación de los arrendamientos de corta y media estancia.

También han quedado fuera las propuestas más restrictivas planteadas desde la oposición, como la prohibición absoluta de compatibilizar uso residencial y turístico o la caducidad y no transmisión de las licencias ya existentes, al considerar el gobierno municipal que podrían chocar con la normativa europea y estatal sobre proporcionalidad y unidad de mercado.


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