La Diputación de València ha nombrado a Vanesa Soler, pareja del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para un puesto de secretaria de dirección mediante una comisión de servicios justificada por «urgente necesidad«, con una retribución anual de 52.070 euros brutos, según la información publicada en las últimas horas.
La designación, que avanzaban elDiario.es y El País ha situado el foco sobre este puesto de la corporación provincial, tanto por el vínculo personal de la persona nombrada con el jefe del Consell como por las condiciones del nuevo destino. Soler ocupaba hasta ahora un puesto como funcionaria administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat.
La versión de la Diputación
La Diputación de València defiende que la incorporación se ha realizado conforme a la normativa vigente y dentro de la normalidad administrativa. Según sostiene la institución, la plaza estaba vacante desde finales de 2025 y su cobertura se ha tramitado mediante el procedimiento previsto para este tipo de provisiones temporales.
La corporación provincial mantiene además que en el proceso concurrieron varios aspirantes y que la elección respondió a criterios de idoneidad y experiencia profesional. En la misma línea, remarca que la comisión de servicios es una fórmula habitual en la administración para atender vacantes cuando existe necesidad inmediata de cobertura.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha negado, pr su parte, que haya existido trato de favor en la incorporación de su pareja y ha denunciado una campaña “sucia, rastrera y machista” contra ella. El jefe del Consell ha defendido que el traslado responde a una decisión de conciliación familiar y laboral y que se ha ajustado a un procedimiento ordinario dentro de la función pública.
El puesto y el contexto
La resolución conocida en las últimas horas sitúa a Soler en el área de Asistencia a Municipios de la Diputación. El nombramiento se aprobó a comienzos de marzo y se enmarca en la cobertura temporal de esa plaza.
La contratación ha generado críticas desde la oposición, que cuestiona la oportunidad política del nombramiento por la relación de Soler con Pérez Llorca. La Diputación, por su parte, insiste en que el procedimiento se ha ajustado a derecho y rechaza que haya existido trato de favor.
Asimismo, ha protagonizado este miércoles uno de los debates en Corts Valencianes. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha asegurado que la persona nombrada lleva «20 años de funcionaria» y que «simplemente ha habido una comisión de servicios por conciliación familiar», al tiempo que ha reprochado a la izquierda que defienda la conciliación en términos generales pero la cuestione en este caso. «Solo para ustedes y sus amigos», ha acusado a la oposición.
En la misma línea, el síndic del PP, Nando Pastor, ha defendido que la comisión de servicios «es una práctica habitual en la Función Pública» y ha preguntado «dónde está el problema». Según ha explicado, se trata de un mecanismo ordinario para que un funcionario con plaza en propiedad pase temporalmente a otra administración. Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, ha considerado «absolutamente normal» que una funcionaria que debe trasladar su residencia a València recurra a «la opción legal» de solicitar una comisión de servicios. «Una comisión de servicios me parece absolutamente ético y absolutamente legal. No veo dónde está el problema», ha afirmado.
La oposición carga contra el nombramiento
Las críticas han llegado desde PSPV y Compromís. El síndic socialista, José Muñoz, ha asegurado que el Partido Popular está «repleto de jetas» y ha advertido de que su grupo no cierra «ninguna puerta» para acudir «a diferentes órganos, sean judiciales o no, para investigar si el traslado es correcto y legal».
Muñoz ha cuestionado además la justificación administrativa del procedimiento al afirmar que «tienen que acreditar una urgente necesidad que a mi modo de ver no aparece por ningún lugar». También ha cargado directamente contra Pérez Llorca al recordar su postura en anteriores polémicas sobre adjudicaciones públicas y asegurar que ahora puede acabar siendo también «un jeta».
El dirigente socialista ha denunciado asimismo que «su pareja está trabajando a 30 metros de él en una institución pública cobrando el doble de lo que cobraba en el ayuntamiento del que el propio Pérez Llorca era alcalde», una idea en la que también ha incidido Compromís. Su síndic, Joan Baldoví, ha calificado la situación de «vergüenza» y ha preguntado «cuáles son las razones que han motivado» que Soler ocupe esa plaza, «qué méritos ha hecho» o «qué pruebas ha pasado», antes de acusar al PP de creerse que «esto es un cortijo».
